En Malambo, al nororiente del Atlántico, se reportaron dos ataques sicariales contra comerciantes en menos de 15 minutos. Esto se suma a otros casos de homicidio ocurridos recientemente en el municipio. Por el aumento de la inseguridad, el alcalde local, Rumenigge Molsalve, aseguró este 26 de julio que le pedirá al Gobierno de Gustavo Petro, que asumirá el próximo siete de agosto, que considere la posibilidad de entregar permiso de porte de armas a los comerciantes.
“Vamos a hacerle formal al nuevo gobierno para que se derogue el artículo que prohíbe el porte legal de armas. En el país es legal tener un arma, con porte o tenencia, pero en el artículo señalan que las personas deben tener, en caso de peligro, un permiso especial para tenerla, mientras que hoy, el que está extorsionando, robando y matando, tiene acceso a un arma de forma ilegal”, dijo Monsalve.
El mandatario insistió en que hay que tener “mano dura” con los delincuentes, y una forma de atajarlos es permitiendo que los comerciantes se puedan defender por sus propios medios. También aseguró que hay policías que no tienen permiso para usar pistolas y deberían asignárselo para que entre todos se pueda combatir a los criminales.
Además de la petición de porte de armas, Monsalve anunció que pedirá más pie de fuerza para Malambo. El alcalde aseguró que los policías asignados actualmente no dan abasto.
“Está comprobado que Malambo necesita más policías, se necesita mayor inversión para la construcción de CAI, para la instalación de cámaras de seguridad, porque el crecimiento delictivo se tiene que contener con mayor inversión social, pero también con mayor inversión en seguridad”, dijo.
El alcalde también aprovechó para hacer una crítica al sistema judicial. Asegura que “no es posible que haya delincuentes que son capturados una y otra vez, y la justicia los deja sueltos, mientras que un comerciante, que cuida su familia y su negocio, queda preso si se defiende”.
Hay que recordar que los problemas relacionados con la extorsión y el hurto a comerciantes no son nuevos. Es una situación, que empezó a agravarse desde diciembre de 2020, todavía persiste.
De hecho, en el primer semestre del año, los comerciantes y tenderos del departamento cerraron en varias oportunidades sus negocios como forma de protesta. Además, los afectados marcharon en Barranquilla y otros municipios del Atlántico para exigirle al Gobierno nacional que tome medidas contra los delincuentes. Aseguran que el Estado los ha abandonado y las autoridades judiciales no toman medidas contundentes para frenar el problema.
“Le pedimos al Gobierno que actúe porque o le pagamos impuestos a ellos o a los delincuentes. La extorsión no es fácil porque siempre tenemos la muerte cerquita”, aseguró Jair González, comerciante en el mercado de Soledad, al diario local El Heraldo.
La Policía Metropolitana de Barranquilla aseguró que más de 250 personas han sido capturadas por este delito, pero el gremio sostiene que esto no funciona porque los delincuentes son liberados rápidamente o se les da el beneficio de casa por cárcel. Así mismo, señalaron que desde la cárcel siguen organizando planes para atacarlos.
Por lo anterior, las víctimas aseguraron que trabajan con miedo. Los criminales los están presionando psicológicamente a través de llamadas extorsivas.
Según la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), la presión está surtiendo efecto pues los comerciantes están accediendo a pagar a los delincuentes a cambio de que los dejen trabajar. Incluso, en casos extremos, los afectados están vendiendo sus negocios, nombran administradores o se mudan de barrio para garantizar su seguridad.
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