La ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, presentó el informe Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno, en el cual muestra su respaldo al sometimiento colectivo a la justicia de diversos grupos armados, iniciativa que ha planteado el presidente electo, Gustavo Petro en su propuesta de consolidar una ‘paz total’ en el país.
Dicha apuesta incluye la reinstalación de la mesa de diálogos con el ELN, tema sobre el cual ha venido trabajando el canciller electo, Álvaro Leyva y, ahora, Danilo Rueda, designado como comisionado de Paz. En ese sentido, el informe plantea también varias recomendaciones para la creación de espacios de diálogo con comunidades en los territorios, así como el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz pactado entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc.
Asimismo, realiza un análisis de la crisis humanitaria que se ha vivido en varias zonas del país por cuenta de la violencia en los últimos cuatro años.
El asesinato de líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos también es visto bajo una mirada crítica por el órgano dirigido por Michell Bachelet, indicando que entre 2016 y 2021, fueron identificados 562 casos de crímenes contra esta población, incluyendo 64 mujeres; otras 61 víctimas eran indígenas y siete más pertenecían a la comunidad LGBT+.
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También muestran preocupación por “el aumento de aproximadamente 200 % del número de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, siendo particularmente afectados los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle de Cauca”, y al respecto, recomiendan al nuevo gobierno de Gustavo Petro reducir significativamente —y después eliminar— la presencia de actores armados ilegales en los territorios a través de cuatro ejes.
El primero consiste en la conformación de una “política eficaz” de sometimiento y desmantelamiento de grupos armados concertada con la población rural como lo establece la Comisión Nacional de Garantías. El segundo y el tercero son, respectivamente, el desarrollo de un marco legal así como de una estrategia para el sometimiento de grupos armados, y el desarrollo de un plan estatal para la protección de civiles.
La última recomendación que plantea la ONU para el gobierno entrante es “considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos armados no estatales”. También recomiendan priorizar la implementación territorial del Acuerdo Final de Paz, especialmente el primer punto que es la Reforma Rural Integral.
De hecho, esa es una de las apuestas principales que plasma el mandatario electo en su programa de gobierno, así como lograr un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Al respecto, señala que se crearán “las condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eficaz con el ELN en el marco de la generación de grandes consensos nacionales y apoyo de la comunidad internacional, que recoja las lecciones aprendidas del Acuerdo Final de Paz con las FARC”.
Otra recomendación plasmada en el documento presentado por la comisionada Juliette de Rivero tiene que ver con la adopción de medidas para dar rápida respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, así como combatir las violencias sexual y basada en género “e investigarla con base en estándares internacionales, tanto en el marco de la justicia transicional como en la jurisdicción ordinaria” partiendo desde un enfoque centrado en las víctimas.
El informe también resalta el trabajo de tribunales como la JEP y las recientes audiencias de reconocimiento, indicando que estas permiten que haya “mayor transparencia de las instituciones del Estado” y consolida el estado social de derecho y concluye que durante el gobierno de Iván Duque “la respuesta ha sido insuficiente para reducir los niveles de violencia, y prevenir los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.
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