Militares que fueron secuestrados por las FARC le hicieron una petición especial a la JEP

Los militares exmiembros de la Fuerza Pública, quienes fueron víctimas de secuestro aseguraron que la Justicia Especial para la Paz (JEP) limitaron su participación en la audiencia de reconocimiento a los crímenes de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.

Por su parte, la directora de la Corporación Mil Víctimas, Rosa Yineth Valóyes, expresó que a la entidad se le realizaron algunas observaciones, con el objetivo de contribuir con reparos y reflexiones sobre el aporte a la verdad plena y detallada, desde la perspectiva de los militares víctimas.

Además, la alta funcionara indicó que las víctimas han observado ausencia de enfoque diferencial y deficiencia en la convocatoria para su intervención en el proceso, limitando de esta manera el acceso a las víctimas.

Con lo anterior, Rosa Yienth informó que esta situación registra una diferencia de trato, lo que resta valor a testimonios de personas en condición de vulnerabilidad, pobreza o desplazamiento forzado.

En cuánto al tema de revictimización, la Corporación Mil Víctimas, en el uso de algunas expresiones utilizadas por los comparecientes durante las audiencias de reconocimiento, se afectó directamente la integridad psicológica y moral de las víctimas.

De igual manera, se informó que atendiendo a la situación de vulnerabilidad causada por su hecho victimizante, la reparación integral de las víctimas debe realizarse de forma efectiva, pronta y adecuada.

Luego de las audiencias de reconocimiento, la Corporación Mil Víctimas en representación de los militares víctimas del conflicto armado, hizo un llamado a la ampliación de la participación de las víctimas en las audiencias de la JEP permitiendo de esta forma la garantía efectiva de sus derechos.

El 9 de junio de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz decidió no acoger la revisión de la condena contra el general retirado del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición forzada de varios trabajadores durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Actualmente, su caso continúa en la justicia ordinaria.

De hecho, en aquella decisión tomada, la JEP tuvo en cuenta que, si bien las víctimas fueron localizadas e identificadas —años después sus cuerpos fueron apareciendo en tumbas de otros afectados—, sí se cometió el delito de desaparición forzada cuando el exmilitar estuvo a cargo de la Brigada XII, a cargo de la operación de retoma.

Sumado a eso, en el auto de la sección de apelación el tribunal especial le hace un fuerte llamado a Arias pues está revictimizando a los familiares de las personas que fueron raptadas en la operación a sangre y fuego de la fuerza pública. Además, el documento conocido por Blu Radio indica que el condenado no está aportando a la verdad sobre lo acontecido.

La JEP, en ese sentido, señaló que dichos casos de desaparición forzada se dieron por un apremio tanto del Ejército como de la Policía por mostrar resultados y determinar los culpables de la toma del recinto: “(...) La desaparición forzada de personas no surgió como un hecho ocasional o al margen de la ejecución de la operación militar, como lo sugiere uno de los apoderados impugnantes, sino que hizo parte de la propia acción militar”, indica el tribunal.

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