JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares por delitos cometidos en Casanare

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó la responsabilidad máxima individual de 22 militares, entre los que se encuentra el general (r) Henry William Torres Escalante, quien fue el comandante de la Brigada XVl del Ejército Nacional. La justicia transicional sentenció que bajo su mando el número de resultados ‘artificiales’ incrementó.

En el mismo tribual se determinó también responsabilidades mediatas, figura que obedece a la comisión del crimen sin estar presente en el mismo, toda vez que tienen un consentimiento o establecen una orden para que otra persona lo ejecute.

“En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo”, señaló la JEP.

Durante los años que el tribunal de paz lleva investigando, tomando testimonios por parte de las víctimas y sus familiares, realizando la indagatoria a los militares, esta es la primera vez que se imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género, en vista de que se logró comprobar que un joven asesinado era de orientación diversa.

De igual manera, es la primera vez que se imputa el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes, dado que los delitos cometidos también involucran a menores de 18 años.

Para la JEP en este caso: “Existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables”.

En el marco del caso 03 que investiga los mal llamados falsos positivos que se señala que perpetraron miembros del Ejército que buscaban beneficios, se logró establecer la responsabilidad de la conducta de los militares pertenecientes al Batallón de Infantería Número 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), conformado por más de mil hombres.

Según las investigaciones que adelantó la JEP, se estableció que la mayoría de las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, se identificó el asesinato de nueve mujeres, una de ellas mientras estaba en estado de embarazo.

“La Sala de Reconocimiento de la JEP dentro del subcaso Casanare, a través del auto 055, les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008″, precisó la JEP frente a la imputación.

De acuerdo con la información revelada por la justicia transicional, las bajas presentadas de manera irregular compone casi dos terceras partes del total de los resultados que reportó la unidad militar durante los años 2005 a 2008.

En este sentido, los militares imputados son señalados de participar en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en el departamento de Casanare.

Finalmente, el informe que entrega la JEP en esta primera imputación, se detalló que más de 140 millones de pesos sirvieron para financiar esta serie de ejecuciones extrajudiciales.

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