En la mañana de este martes, un francotirador de un grupo armado ilegal asesinó a un uniformado de la Policía, identificado como James Antonio Morales Urico, en el corregimiento de Petrolea en Tibú, Norte de Santander.
Morales, de 33 años de edad, oriundo de Leticia, Amazonas, se encontraba prestando servicio de centinela. De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, el patrullero se dirigía a abrir el portón de la subestación para el ingreso de uno de sus compañeros, y fue en ese momento en el que recibió el disparo mortal a la altura del pecho.
De igual manera, se conoció que los autores de este hecho no dejaron pistas. En la zona de Tibú delinque el frente Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 33 de las disidencias de las FARC.
Cabe resaltar que en días pasados una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc desafió a las autoridades y a plena luz del día patrulló en el casco urbano del municipio de El Tarra (Norte de Santander) en la convulsionada zona del Catatumbo.
En redes sociales se conocieron las grabaciones que se hicieron del grupo de hombres que porta fusiles y va caminando por una de las calles de la población, incluso saludando, como si se tratara de un desfile de la estructura criminal, que en este caso sería el frente 33.
Incluso, según lo que se señaló en redes sociales, los insurgentes se habrían movilizado hasta la sede de la alcaldía del municipio para volver a provocar a la fuerza pública.
Es la tercera ocasión, en el último mes, en que la mencionada disidencia reta a las autoridades como ocurrió en Tibú el fin de semana pasado, luego de que cinco hombres fuertemente armados, usando pasamontañas para ocultar sus rostros, hiciera lo mismo y permanecieran frente a la alcaldía del municipio.
Estos hechos se registran dos semanas después de que hombres armados irrumpieran en algunos establecimientos comerciales del mismo municipio para hacer requisas y hasta pedir documentos. De hecho, una inspección realizada en un billar se dio a escasas cuadras de la estación de policía.
Y es que desde inicios de este mes, el oriente del país ha padecido una arremetida de los grupos criminales que delinquen en el Catatumbo, por lo que el mismo Ministerio de Defensa ha enviado tropas a estos territorios para hacer presencia institucional.
En este caso el viceministro, Jairo García, viajó hasta Tibú y allí anunció que se incrementarían las recompensas por información que permita dar con los jefes criminales de las disidencias que están sembrado el terror en esa región fronteriza con Venezuela.
“Quiero destacar que hemos tomado la decisión de aumentar la recompensa por alias Lalo a 50 millones de pesos. Mantenemos también la de alias Richard, en 100 millones de pesos y de alias James, que pasará también de 10 millones a 50 millones de pesos. Todos los esfuerzos institucionales, todo el trabajo en equipo con la gobernación y por supuesto con la administración municipal para seguir generando seguridad y tranquilidad en el municipio de Tibú”, informó.
Por su parte, desde que se dio a conocer que el presidente para el periodo 2022-2026, Gustavo Petro, diferentes grupos armados han manifestado su voluntad de negociación con el Gobierno nacional, aunque han establecido algunas condiciones. En este sentido, en un contexto como el colombiano, las discusiones varían de un grupo a otro debido a la tipificación del crimen.
Por ejemplo, en el caso de la guerrilla, su delito transversal es la rebelión que, de acuerdo con el Código Penal tiene fines políticos. Mientras que en el caso de estructuras criminales como el Clan del Golfo y las banda de narcotráfico su crimen esta directamente asociado con terrorismo que esta relacionado con el crimen común y las acciones violetas injustificadas.
SEGUIR LEYENDO: