La presencia de grupos criminales como el Clan del Golfo o el ELN tiene en zozobra a los habitantes de los municipios de Remedios y Segovia, en Antioquia, por lo que han pedido al Gobierno nacional, Defensoría del Pueblo, alcaldías y organizaciones internacionales medidas que garanticen su seguridad por medio de la alerta temprana número 1 del 17 de julio de 2022, suscrita por 33 pobladores de la región.
“Nos encontramos ante una situación de alto riesgo, a causa de los enfrentamientos que vienen ocurriendo entre los diferentes grupos armados legales e ilegales que operan en la región”, sostuvieron los firmantes en el comunicado.
Además, agregaron que el accionar de los grupos criminales estaría afectando sobre todo a la parte oriental del municipio de Remedios, y más concretamente el corregimiento de Carrizal, compuesto por 13 veredas. También se incluyen veredas colindantes del municipio de Segovia.
En el comunicado aseguran que las personas que sufren de mayor riesgo son los hombres y mujeres entre 25 y 64 años, y especialmente los líderes sociales, entre ellos dignatarios o líderes de Juntas de Acción Comunal, miembros de organizaciones sociales y exmiembros de la antigua guerrilla de las FARC que se encuentran realizando procesos de reincorporación, con sus familias incluidas, y se encuentran domiciliados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Juan Carlos Castañeda”.
Agregan que, “se observan riesgos para los jóvenes entre los 15 y 24 años, pues existe interés de parte de los grupos armados organizados al margen de la ley de reclutarlos e instrumentalizarlos para el logro de sus objetivos”.
Entre los hechos que mencionan, destacan que desde hace varios meses habían denunciado la grave situación en el sur de Bolívar a raíz de enfrentamientos entre un sector del ELN y las disidencias de las FARC:
“Ha generado más de una decena de muertes, así como en el Bajo Cauca. Esta situación motivó la realización del “Llamamiento humanitario” del 18 de julio de 2021, que además se hizo llegar a la Defensoría del Pueblo municipal, departamental y nacional, por parte de las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, en el que entre otras manifestaciones suplicaban a los grupos armados respeto a sus derechos y se invitaba al diálogo como mejor mecanismo para resolver diferencias”.
Y consideran que también una amenaza la llegada desde el Nudo de Paramillo al Bajo Cauca, sur de Bolívar y nordeste antioqueño de grupos armados. “Es esta dinámica de reposicionamiento de los paramilitares del llamado Clan del Golfo la que llevó a la ocupación en los últimos meses del caserío de Puerto López y de las veredas aledañas, haciendo presencia con importante número de efectivos uniformados con armas largas y cortas”, aseguran.
Afirman que, “Llama la atención la alta desatención estatal y la honda insatisfacción de necesidades básicas sociales, lo cual, implica que la subsistencia y permanencia en el corregimiento se encuentra en permanente conflicto para las comunidades, teniendo en cuenta la pugna de intereses heterogéneos; y que, al tratarse de comunidades que habitan una Zona de Reserva Forestal (regulada por la ley 2° de 1959 y sus normas complementarias), la inversión y presencia del Estado es reducida y los derechos de las comunidades son desconocidos pues se les considera ocupantes ilegales que informalmente explotan y ocupan la tierra”.
Se refirieron al enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el ELN en contra del Clan del Golfo que provocó el desplazamiento de varios pobladores entre el 5 y el 7 de julio y denunciaron la desaparición de dos ciudadanos ecuatorianos que se desplazaban por la vía que conduce a la vereda del Puná hacia Remedios.
Justamente, sus cuerpos fueron encontrados en el sector de El Osito, en Remedios, y se trataría de dos indígenas ecuatorianos pertenecientes al Pueblo Kichwa: Franklin Armando Tocagon, de 26 años; y Miguel Quilumbaqui Sanchela, adulto mayor de 70 años, quien era sordomudo.
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