Richard Aguilar estará un año más privado de su libertad

El magistrado Luis Bustos Bustos, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, volvió a negar la solicitud de libertad de Richard Aguilar, que tiene medida de aseguramiento desde el 28 de julio de 2021 por presuntas irregularidades y corrupción cuando fue gobernador de Santander.

Según el magistrado, esta medida se debe a que Aguilar puede interferir o manipular pruebas en su contra. “Es evidente la influencia política de Richard Aguilar en Santander y podría entorpecer la administración de justicia”, aseguró el documento de la decisión.

Por ese motivo, el tribunal resolvió prorrogar la privación de la libertad del exgobernador por un año más: “Conforme al análisis realizado, resulta latente la posibilidad de lograr entorpecer la administración de justicia (…) Se resuelve prorrogar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario al señor Richard Alfonso Aguilar Villa hasta por un año más”, señaló el magistrado Bustos.

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Cabe recordar que Aguilar no aceptó los cargos que se le imputan por presunta corrupción. Ante la Corte Suprema de Justicia, el acusado negó tener nexos con las irregularidades que se cometieron durante su mandato, entre 2011 y 2015. En las audiencias que se adelantaron a principios de julio, la Fiscalía destacó que tiene las pruebas para comprobar los comportamientos ilícitos del detenido, entre esos, la suscripción de por lo menos seis contratos que no completaban los requisitos suficientes para su continuación. De acuerdo con el ente acusador, el contratista elegido no cumplía con la experiencia para cumplir los objetivos asignados.

La Fiscalía General de la Nación destaca que además de lo mencionado, se llegó a certificar que algunos de los proyectos sí cumplían con los requisitos, pero no concordaban con lo establecido por el sistema general de regalías o con la articulación del Plan de Desarrollo departamental, en otras palabras, tenían “deficiencias que buscaban ocultar por los funcionarios de la gobernación”. Algunos de los contratos por los que se le acusa a Aguilar de corrupción son el refuerzo del estadio de fútbol y del Coliseo Vicente Días Romero; Unidad deportiva o estadio Alfonso López; el mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético, y la contratación de alimentación escolar (PAE).

De acuerdo con la Fiscalía, durante la administración de Aguilar en Santander se “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. El negocio consistía en dar aquellas adjudicaciones a cambio de la devolución del 10 % de cada obra. Según se expone en el caso, las irregularidades de las adjudicaciones habrían dejado unos 500.000 millones de pesos en contratos.

“Tiene la obligación de darme los elementos para mirar y no es responsabilidad mía conseguir un programa para abrirlo, ni más faltaba que la Fiscalía pueda usar cualquier programa y yo tenga que comprarlo, ese argumento es sacado de toda la lógica y la procesabilidad”, señaló Iván Cancino, entonces abogado defensor del exgobernador, en la audiencia del pasado 7 de junio, al explicar que, supuestamente, las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación estaban comprimidas en un software de difícil acceso, lo que le había impedido verlas de manera apropiada.

Es importante que a su nombre recaen los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Para el momento, Aguilar se encuentra actualmente privado de su libertad en el Batallón N.º 13 de Bogotá.

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