JEP abre incidente de desacato y solicita investigación contra el ministro de Justicia, Wilson Ruiz

La Sección de Audiencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió incidente de desacato en contra del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, por no haber cumplido las órdenes en las que se requería información sobre avances en el desmantelamiento en las organizaciones criminales posterior al Acuerdo Final y protección a los firmantes de los acuerdos.

Concretamente, el ministro dejó de responder doce preguntas del alto tribunal en el auto 082 de 2022, en medio de un proceso de medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales del grupo de comparecientes obligatorios ante la JEP: miembros de la fuerza pública y de la antigua guerrilla.

Esto ocurrió porque ante el asesinato de cientos de firmantes del acuerdo, un grupo de ellos le pidió a la Sección con Ausencia de Reconocimiento que les fueran concedidas medidas cautelares, solicitud atendida en 2020. Desde ese entonces, la JEP ha impartido una serie de órdenes a distintas entidades, entra las que está el Ministerio de Justicia.

Así las cosas, de acuerdo con los magistrados, desde el pasado 21 de abril se había solicitado al ministro entregar respuestas sobre las medidas de fortalecimiento requeridas en la investigación contra grupos criminales organizados, así como la creación de juzgados con el fin descongestionar los procesos para que se avance rápidamente y la asignación de recursos.

“La persistencia de las violaciones a los derechos de los excombatientes en proceso de reincorporación exige el seguimiento permanente a las órdenes proferidas a las entidades estatales con obligaciones vinculantes en materia de garantías de seguridad, como se estableció en el Acuerdo Final de Paz y se desarrolló normativamente, y la verificación de que se han cumplido de manera efectiva”, explicó la JEP.

“En este contexto, se vinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho a este trámite y se le impartieron las órdenes referidas en los antecedentes, todas en el marco de las competencias que está obligado a cumplir y a informar. No sobra advertir la suprema importancia que la información solicitada a este Ministerio tiene para establecer los obstáculos que impiden el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de garantías de seguridad de la población señalada y para determinar las medidas urgentes que deban adoptarse”, añadió el tribunal.

Para el alto tribunal, el incumplimiento del ministro es completamente injustificado, por lo que se hizo necesario abrir el incidente de desacato ante el desconocimiento de la advertencia de lo que podía pasar por no obedecer acatar la orden judicial.

Además, el tribunal compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que inicie las investigaciones correspondientes por el desacato de Ruiz:

“...esta Sección compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la conducta del ministro de Justicia y del Derecho, teniendo en cuenta que todas las peticiones, en especial, entre autoridades, se deben contestar, so pena de incurrir en falta disciplinaria”, se puede leer en el auto judicial.

Ahora, la JEP le dio cinco días hábiles al ministro Ruiz para que presente pruebas que expliquen satisfactoriamente por qué no ha respondido a sus interrogantes. Si es hallado en desacato, se enfrentará a penas que van desde multas hasta una orden de arresto.

Las preguntas que debe responder el ministro son: “¿Qué medidas específicas de fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos y las organizaciones criminales se han tomado y cuáles son los resultados a la fecha? ¿Cuánto tiempo lleva operando el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad y cuáles son sus logros? ¿Cuántos despachos judiciales dirigidos al procesamiento criminal y la judicialización de miembros de organizaciones criminales que atentan contra los defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación se han creado y cómo se definió la proporcionalidad entre jueces dispuestos e investigaciones a cargo?”

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