Desacuerdo entre concejales de Bogotá por recursos para la Contraloría y Personería de la ciudad

El pasado viernes el Concejo de Bogotá aprobó la entrega de 5000 millones de pesos a la Contraloría y 2500 millones a la Personería con el fin de que ejecuten “contratos de prestación de servicios”, algo que ha sido duramente cuestionado por algunos cabildantes, como la concejal del Nuevo Liberalismo Marisol Gómez.

Cuando se aprobó la adición presupuestal para las instituciones, la cabildante publicó en su cuenta de Twitter: “La Contraloría de Bogotá se sale con la suya y la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá cierra largo debate sobre burocracia y clientelismo en esa entidad, aprobándole otros $5.000 millones. Sin conciencia no hay chance de cambio. Me imagino la celebración del contralor distrital”.

A pesar de que tanto el contralor, Julián Mauricio Ruiz, como el personero, Julián Pinilla Malagón, estaban citados al Concejo por la misma Gómez y los concejales Diego Laserna, Luis Carlos Leal, Manuel Sarmiento y Carlos Carrillo para que explicaran las razones por las cuales pedían la adición presupuestal, ninguno de los dos se presentó.

“La Contraloría Distrital solicitó más plata aduciendo que le hace falta personal para sus labores de auditoría, pero no nos ha dicho por qué el presupuesto asignado no le alcanza”, señaló Gómez en una entrevista con Semana.

También recordó que en 2021 ella y otros 15 concejales votaron “no” a una adición de 3000 millones para la misma entidad porque, según dijo, “no entendíamos qué tenía que ver el Rescate Social con esa plata para la Contraloría”.

“¿Y en qué se la gastaron? Más del 90 % de la plata ($2.750 millones) se fue en 169 contratos de prestación de servicios”, agregó.

Además, le dijo al medio mencionado que, “es inquietante que el contralor Julián Ruiz haya llevado de coequipero de su gestión a Juan Carlos Gualdrón, quien estaría involucrado en el saqueo a los recursos de la paz. Gualdrón fue nombrado por Ruiz para hacerle vigilancia y control fiscal a la Uaesp en el preciso momento en que esta entidad tiene un pleito con el Consorcio Gerenciamiento de Residuos (CGR), cuyos accionistas tienen relación con funcionarios de la Contraloría General”.

En una entrevista para la emisora Blu Radio, la concejal aseguró que la entrega de estos recursos hace parte del “fortín burocrático” de algunos concejales, aunque no mencionó nombres: “La pregunta es qué hay detrás de estas decisiones del Concejo. Los que nos oponemos sabemos que la Contraloría y la Personería de Bogotá son el fortín burocrático de varios concejales”.

Añadió que el secretario general de la Contraloría aseguró que los recursos eran “para hacer contratos de prestación de servicios”, una explicación que no convenció a la cabildante. “Todo pasa con el aval de la Alcaldía de Bogotá, porque quiere que le aprueben los proyectos, así le toque ceder a las presiones de algunos concejales para llevar a plata a instituciones donde tienen su clientela política”, comentó.

Cabe añadir que solamente la Personería publicó un comunicado en el que resumió los retos que debió asumir hasta el momento en lo que va corrido del 2022, que implican mayor inversión de recursos.

Por ejemplo, el cumplimiento de la Ley 1996 de 2019, que impuso dos nuevas competencias, lo que le obligó a fortalecer su presencia en CADES y SUPERCADES, así como los equipos en las personerías locales para poder hacer presencia en 86 puntos de Bogotá. También que se ha tomado acciones a favor de 36.014 personas de especial protección constitucional.

A todo esto se suma la ayuda a 8140 personas en temas de familia y salud, así como 48.671 intervenciones ante las autoridades jurídicas y administrativas; 3656 acciones en favor de víctimas del conflicto, entre muchas otras acciones. Adicionalmente, tuvieron una nueva tarea: investigar y juzgar a particulares, asunto que era de la Procuraduría, y que creó la necesidad de nuevo talento humano.

Por parte de la Contraloría, el proyecto radicado en el Concejo solo incluía 2000 millones de adición, pero luego de diferentes ponencias, el presupuesto aumentó a 5000 millones.

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