Arroz Roa y Florhuila: Superintendencia le impuso multimillonaria multa a la empresa por no brindar información

Este domingo 24 de julio, en las horas de la tarde, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la Organización Roa-Florhuila y a tres personas naturales con multas por un valor de $20.514.597.205 por incumplir instrucciones y requerimientos de información y obstruir una visita administrativa realizada en su planta en el municipio de Villanueva, departamento de Casanare.

“La compañía incumplió el requerimiento de suministrar la información de los correos electrónicos institucionales asignados dentro de la empresa al jefe y al gerente de la planta de Villanueva de ORF para el desarrollo de las funciones a su cargo, obstaculizando así el desarrollo de la actuación administrativa adelantada por esta Autoridad. Para conseguir obstruir la visita, la compañía adujo circunstancias tales como que la información no podía ser suministrada sin la autorización de sus superiores, o que era necesario un requerimiento por escrito por parte de la Superintendencia dirigido a la gerencia de ORF”, informó la SIC en un comunicado.

Las personas sancionadas fueron identificadas como Pedro Pablo Peña Mendoza, Lucy Gallo Losada y Ángel Leonardo Riveros; y fueron incluidas en la sanción pues hacen parte de la estructura organizacional de la compañía y la SIC determinó que dieron instrucciones y directrices a las personas que están laborando al interior de la compañía y tiene a cargo para incumplir las órdenes y requerimientos de información durante la visita del ente regulador.

“Se demostró también que la renuencia de la compañía provino de instrucciones impartidas por la gerente administrativa y financiera de ORF desde la sede administrativa de la empresa en Bogotá. Estas situaciones obstaculizaron injustificadamente el ejercicio de las funciones de la Autoridad, y obstruyeron la actuación administrativa que se adelantaba”, puntualizó la SIC.

En el documento donde la SIC dio a conocer su decisión, también, agregó que no solo se negó la posibilidad de acceder a correos electrónicos, sino que negaron la posibilidad de acceder, incluso, a los documentos que tendrían que haber preparado para una visita como estas.

“En el transcurso de la visita, ORF también negó la entrega de documentos e información de la empresa solicitada por los funcionarios de la SIC, aduciendo nuevamente que la misma debería solicitarse por escrito y sería entregada días después”, comunicó la entidad vigilante.

SIC sanciona a Credivalores por reportar usuarios a centrales de riesgo sin permiso ni respaldo

Luego de cuatro sanciones, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este jueves 21 de julio que impuso una quinta penalidad a la empresa Credivalores, dedicada a ofrecer productos financieros a personas y empresas por incumplir la normatividad para la protección de datos personales.

La empresa ya había sido sancionada por el ente regulador porque la descubrieron reportando a personas en las centrales de riesgo sin adjuntar los documentos de la deuda con mora, sin autorización previa y expresa para hacer el reporte, sin comunicarse con el usuario —como lo ordena el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008— y no responder los derechos de petición de los ciudadanos afectados.

En esta nueva oportunidad, la SIC multó a la entidad financiera por $800.022.204 porque ha desatendido las quejas ciudadanas asociadas al habeas data financiero. “Además, desconoció las órdenes impartidas en 20 actuaciones administrativas relacionadas con reportes ilegales efectuados por la compañía ante centrales de riesgo”, señala el ente regulador.

Una investigación arrojó que Credivalores no atendió 46 requerimientos de la SIC, más 20 órdenes administrativas para borrar o actualizar los reportes en las centrales de riesgo de algunos ciudadanos que usaron sus servicios e incurrieron en mora. También infringieron el régimen de protección de datos en más de 30 ocasiones, así que considerarán trasladar su expediente a la desde la Delegatura de Protección al Consumidor y de Protección a la Libre Competencia.

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