Los nuevos nombramientos diplomáticos

Al inicio de cada gobierno siempre tengo la esperanza de que esta vez sí habrá un compromiso claro con la institucionalización de nuestra política internacional y un empeño inamovible de apuntarle a la profesionalización de nuestro servicio exterior. Pero estos nuevos nombramientos hay que analizarlos no solo en este contexto, sino también a la luz de otro problema, también muy importante, la sistemática exclusión de muchos grupos étnicos de este país no solo del servicio exterior sino, más generalmente hablando, de puestos de representación de alto perfil en la burocracia del ejecutivo.

Así las cosas, son dos los tipos de exclusión de los que hablamos: uno, el de las minorías indígenas y afrocolombianas de la burocracia gubernamental de alto nivel y dos, el de los funcionarios de carrera diplomática de los nombramientos como embajadores en las representaciones diplomáticas en el exterior. Después de años de estudio y acumulación de experiencia, los funcionarios de carrera pocas veces son convocados a cargos de dirección en la Cancillería o nombrados embajadores.

Entiendo la elección de Murillo y Zabala como un intento de combatir el primer tipo de exclusión y considero de la mayor importancia que esos sectores aumenten su representación política en todas las instancias. El nuevo gobierno no solo se compromete con la construcción de un Estado más inclusivo y democrático, sino que, además, busca hacer visible ese compromiso en la escena internacional. Esos nombramientos son un avance enorme y contundente en el camino hacia lograr un Estado de esa naturaleza. No me cabe la menor duda.

Pero también es preciso decir que aún no se avanza en el campo de la otra forma de exclusión. Me pregunto si el presidente entrante ya se reunió con los funcionarios de carrera y tiene una idea clara del recurso humano con el que cuenta para nutrir sus nombramientos en otras embajadas. El punto crucial aquí, es que la lucha contra estas dos formas de exclusión no es necesariamente contradictoria si se piensa en el largo plazo: la solución consiste en abrirle espacios a estas comunidades para que hagan parte activa de la carrera diplomática y sean, posteriormente, miembros del personal de carrera. Por ejemplo, después del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo con Nicaragua, se abrieron espacios para los raizales porque se consideró que su presencia en el servicio exterior era fundamental. Llegó el momento entonces de ampliar esta estrategia y tal vez crear un sistema de cuotas amplio que le permita a estos grupos integrarse a la carrera diplomática. Y ello, debe complementarse con un aumento sustancial en el porcentaje de embajadores nombrados que pertenezcan a esa carrera. Solo de esa forma se logra un servicio exterior más diverso pero también más profesional.

En otras palabras, la presencia de las minorías en nuestra diplomacia no puede estar sujeta a la voluntad del presidente de turno. Su espacio debe asegurarse permanentemente y no puede ser visto como una concesión o una forma de reconocimiento personalizada. Tenemos que democratizar nuestra diplomacia y hacerlo de forma institucionalizada y sostenible, no única y exclusivamente a punta de nombramientos sujetos al deseo y las necesidades del gobernante de turno. Un servicio diplomático más diverso es un mejor servicio diplomático, pero un servicio diplomático profesionalizado también lo es. Estos dos objetivos se logran con un solo proyecto que pondría a nuestra Cancillería a la altura de las exigencias y los retos del sistema internacional. Ojalá por fin nos haya llegado la hora de ponernos al día en este campo.