En las últimas horas de este domingo 24 de julio, el Tejido de Defensa de la Vida de Çxhab Wala Kiwe informó a la comunidad en general y a la opinión pública nacional e internacional “sobre hechos de guerra que ponen en riesgo a la comunidad de La Selva, resguardo de Huellas, Caloto (Cauca)”.
De acuerdo con lo relatado por la autoridad indígena, a las 7:00 p. m. del pasado sábado 23 de julio se conoció de la presencia de un artefacto explosivo a un costado de la vía que comunica a los municipios de Caloto con El Palo en el departamento del Cauca, en el sector de La Selva, perteneciente al resguardo de Huellas.
Según informó inicialmente el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), este artefacto, al parecer, estaba destinado para atentar contra la estación de la Policía Nacional que se ubica en la hacienda La Emperatriz, pero no detonó.
En el comunicado con fecha de 24 de julio de 2022, la CRIC afirmó que: “La comunidad informó sobre este artefacto abandonado y el peligro mortal que significa para las familias que transitan constantemente por esta vía. Sin embargo, después de quince horas, ninguna autoridad civil o militar se ha encargado de atender esta situación”.
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Por último, le enviaron un mensaje a las autoridades nacionales e internacional para atender la situación que se presentó en este territorio indígena.
“Rechazamos estos actos de violencia que buscan atemorizar a las comunidades en los territorios. La presencia de actores armados no produce ningún tipo de seguridad que beneficie a las familias. Al contrario, solo aumentan el riesgo y las desarmonías”, finalizó el comunicado.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) es un organismo internacional encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida.
Para este órgano de la ONU, los pueblos indígenas conforman uno de los grupos que más sufre el impacto del conflicto armado interno colombiano dentro y fuera del país, “enfrentando amenazas serias a su autonomía, a sus sistemas de gobierno propio, a su territorio, a sus procesos de ordenamiento de las relaciones naturaleza-cultura y a sus dinámicas de construcción de identidad cultural”.
“La violencia y otros crímenes, así como el desplazamiento forzado y el confinamiento, amenazan la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia”, dijo la ACNUR en su último informe sobre la situación de los indígenas en el país.
En Colombia habitan 115 pueblos indígenas de los cuales, según los informes de la Corte Constitucional y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 68 están en riesgo de exterminio físico y cultural a causa del conflicto armado interno y por intereses económicos, “sin desconocer otros factores que complejizan la situación”.
Según la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, entre 1985 y 2020, en Antioquia, Caldas, Cauca, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, se reportaron 80.555 casos de hechos victimizantes a pueblos indígenas, entre abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamientos, homicidios, minas antipersonales, pérdida de bienes muebles e inmuebles, secuestro, tortura y vinculación de niños y adolescentes al conflicto armado.
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