El excandidato a la Presidencia de Colombia y senador de la oposición recién posesionado Rodolfo Hernández Suárez publicó este sábado 23 de julio una carta que le envió al presidente saliente, Iván Duque, para pedirle que no haga la adjudicación de la alianza público-privada para las obras del Canal del Dique en estos últimos días de su mandato.
La comunicación del ingeniero tiene fecha del 14 de julio y para su solicitud ofrece ”razones legales y técnicas que tornan el proceso en un riesgo económico lesivo para Colombia en las condiciones que está actualmente formulado”. Entre otras cosas, Hernández opina que “no se evidencia la inversión de los potenciales oferentes y es más una obra pública con compromisos de vigencias futuras del Estado Colombiano”.
Además, el exalcalde de Bucaramanga mencionó que es necesario discutir el plan de la obra con las poblaciones que se verían afectadas por ella. Señaló que la intervención, tal y como está planteada ahora, causará afectaciones en la navegabilidad del río Magdalena. Añadió que construir sin consultar origina “una falla grave en la contratación de cualquier proyecto en el país”.
“Le recuerdo, señor presidente, que todos los procesos de selección de contratistas —tanto los que se tramitan por ley 80 como las asociaciones público privadas— deben respetar la fase de planeación y está visto que este proceso no solamente no consultó a todas las comunidades que se ven afectadas por el mismo sino que tiene problemas en la estructuración técnica del mismo proceso”, dice la carta del ingeniero.
Hernández también criticó el uso de la figura de asociaciones público privadas por fuera de las circunstancias en que son planteadas por la Ley 1508 de 2012, según la cual “solo se podrán utilizar cuando en la etapa de estructuración, los estudios económicos o de análisis de costo beneficio o los dictámenes comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente o necesaria para su ejecución”.
Hizo mención a una sentencia del Consejo de Estado en la que describen que “hay una falta al deber de planeación cuando desde el inicio del proceso de selección se pueda evidenciar fallas en la planeación que puedan derivar que el proceso no podrá ejecutarse (por ejemplo por oposición de la comunidades no consultadas) o su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas”.
Pero la más grave de las fallas es, en su parecer, el afán que el gabinete saliente tiene para adjudicar la obra antes de concluir su mandato. “Todos estos afanes de contratación para nada auguran el logro de los fines contractuales que se anuncian”, subrayó el ingeniero.
La petición de Hernández, a la que aún no se refiere la presidencia, se suma a la que hizo a través de Twitter Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente electo, Gustavo Petro.
El diputado del Atlántico pidió al director de la Agencia Nacional de la Infraestructura (ANI) que suspenda la adjudicación de la obra, ya que se está desconociendo la voluntad de más de 30 autoridades étnicas, las comunidades ribereñas y las personas que buscan a desaparecidos por grupos paramilitares en ese cuerpo hídrico.
“Solicito a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la suspensión del proceso y que la decisión quede en manos del gobierno entrante en cabeza de @petrogustavo para garantizar la debida información y el respeto de derechos fundamentales a comunidades y víctimas del conflicto”, dijo Petro Burgos en la red social.
Este sábado, desde Cartagena, la viceministra y canciller Marta Lucía Ramírez se refirió a la petición del diputado sin mencionarlo directamente. Según ella, no es posible consultar a todas las personas afectadas a la vez.
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