Gobierno nacional ordenó la liquidación del polémico contrato de la construcción del Aeropuerto del Café

Tras conocerse presuntos hechos de corrupción, el Gobierno nacional ordenó que se liquide el contrato de la construcción del Aeropuerto del Café, ubicado en el municipio de Palestina, en Caldas. Con esto, la obra queda cerrada. La misma, estaba suspendida desde el 13 de julio a petición de la empresa constructora, Obrascón Huarte Lapin (OHL), que argumentó en su momento que, por cuenta de las multas estaba asfixiada económicamente.

“Ya se notificó la terminación unilateral del contrato por parte de la Nación. Eso lleva a la liquidación y queda en firme esta semana”, le dijo una fuente del Gobierno a Semana. La misma fuente advirtió que podrían haber retaliaciones en torno a esta controvertida obra.

De acuerdo con la publicación de dicho medio, la construcción de este aeropuerto se convirtió en el florero de Llorente de las relaciones entre el Ministerio de Transporte y el director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Jair Orlando Fajardo, quien hace poco fue declarado insubsistente por el presidente Iván Duque.

Según Semana, que tuvo acceso a conversaciones y documentos, se vislumbra que la salida de Fajardo iría más allá de la gestión hecha para la ejecución del millonario proyecto. Esta cuenta que en la disputa hubo presiones para contratar, despedir y flexibilizar multas a un contratista incumplido.

“El 29 de junio se hizo en la Aerocivil la reunión de empalme con las personas que designó el presidente electo, Gustavo Petro. Sobre las 8:00 a. m. empezaron a llegar más de 20 asistentes. Este encuentro duró casi cinco horas. Todo surgió con normalidad hasta que empezaron a hablar de Aerocafé. Fajardo dijo que ese era un tema del que la ministra Ángela María Orozco prefería hablar directamente con ellos, porque se contemplaba una supuesta liquidación del contrato. En ese momento empezaron a escucharse notificaciones de celulares, lo que cuentan los testigos es que desde la oficina del viceministerio pedían que Fajardo se retractara, como él no daba respuesta, les escribieron a varios para que le hicieran llegar el mensaje con urgencia. Finalmente, el exdirector hizo caso omiso”, informa el medio en su portal web.

De igual manera, precisó que ese hecho generó el malestar de la ministra, quien ese mismo día dijo al Gobierno que Fajardo no podía seguir en el cargo, argumentando que su desempeño fue deficiente para sacar adelante una de las metas del presidente Duque en temas de infraestructura aérea.

Entre tanto, se explica que las diferencias arrancaron tiempo atrás, desde que Fajardo no contrató a un coronel en retiro de la Fuerza Aérea sugerido, al parecer, desde el despacho de la ministra.

“La idea era que ese oficial, al ser llamado a calificar servicios, entrara como asesor de la Aerocivil. Incluso dos días después de que arrancara la Ley de Garantías apareció en el listado, pero no podía seguir en el proceso, tenía que completar al menos tres meses de retiro para ocupar un cargo administrativo en el Estado y porque dos de sus familiares trabajarían en la entidad. Pese a que la orden sería la de contratarlo, en la Aerocivil decidieron no hacerlo por los riesgos jurídicos”, agrega.

A su vez, funcionarios de la Aerocivil y del ministerio dicen que fue ese el instante en el que la relación entre la ministra y el entonces director se empezó a quebrar. Por eso, dice Semana, el proyecto de Aerocafé intensificó las grietas.

“Ese contrato para remover la tierra tiene un costo superior a los 140.000 millones de pesos que se sacarían de los 450.000 millones de pesos que se autorizaron en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Compes) para que se creara un patrimonio autónomo bajo una fiducia de Colpatria, en la que solo se puede sacar el dinero, según informes de ejecución para evitar hechos de corrupción”, añade.

Otra información que reveló la revista es que la empresa que Obrascón Huarte Lapin (OHL) es una compañía española que fue sancionada recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España por 21,5 millones de euros y que durante 25 años alteraron el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de ese país y cartelizaron el negocio junto con otras cinco compañías.

De igual manera, expuso cuestionamientos del diputado caldense Camilo Gaviria, sobre de dónde se pensaba recuperar la plata, ya que, según él, se sabía desde un principio que ese contrato iba a ser un dolor de cabeza, porque OHL se bajó de 7.000 millones de pesos en la oferta para ganarse la licitación frente al otro oferente.

Sobre la obra también se conoce que los recursos de este contrato son manejados por la Unidad de Gestión de Patrimonio Autónomo, entidad a la que llegó el 13 de julio de 2021 el general (r) Gonzalo Cárdenas y evidenció retrasos en la obra, debido a que en marzo de 2021 OHL debía entregar un cronograma que solo presentó hasta noviembre del mismo año. Sin esa ruta era difícil avanzar y se sancionó con una multa de 1.800 millones de pesos. Después de eso, la ministra de transporte, Ángela María Orozco; su viceministra, Olga Ramírez,; el director del Dapre, Víctor Muñoz y Jair Fajardo empezaron a cruzar conversaciones en las que pedían la cabeza del general Cárdenas para facilitar la relación con el contratista.

Otros detalles que da Semana es que mientras en Caldas estaba pasando todo ese pleito por las sanciones, la ministra anunció que a OHL le adjudicaron el 10 de marzo de 2022 un proyecto de 1,3 billones de pesos para descongestionar la autopista norte en Bogotá. El consorcio que está a cargo es Estructura Plural Ruta Bogotá Norte, conformado por Obrascon Huarte Sucursal Colombia (50 %) y Termotécnica Coindustrial SAS (50 %).

De igual manera, que el general Cárdenas advirtió el 13 de mayo de 2022, sobre los riesgos contractuales, penales, fiscales, y disciplinarios que generaría llevar a cabo las convocatorias para las fases 2 y 3 con los retrasos que había. Incluso, que el 26 de mayo lograron destituir al general y, por su parte, OHL demandó ante un tribunal de arbitramento la multa de 28.000 millones de pesos.

Por último, el medio informó que la viceministra Ramírez se sentó con la ministra Orozco a revisar la lista de árbitros y escoger los más convenientes dentro del proceso, una lista que fue cruzada con las anteriores de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) e Invías. Desde el ministerio decidieron no pronunciarse al respecto.

El anuncio de la liquidación del contrato se da unos días después de que el contralor general de la República, Felipe Córdoba, formuló un pronunciamiento de advertencia sobre las obras de Aerocafé en el sentido de que “están en riesgo cierto de quedarse inconclusas e inútiles para el servicio de los usuarios y la comunidad que habita en la zona de influencia ubicada en el municipio de Palestina-Caldas”. Esto, por indicios de riesgo contra el patrimonio público evidenciados al analizar los hitos del contrato 009 de 2021 suscrito con la firma española Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia.

La Contraloría advirtió por escrito a los gestores fiscales del proyecto, la Aeronáutica Civil, la fiduciaria Colpatria y la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé, sobre estos riesgos de afectación negativa a los intereses públicos.

El organismo de control aseguró que ha hecho seguimiento permanente al Proyecto Aeropuerto del Café y, producto de ello, el pasado 11 de julio el contralor delegado ad hoc para el tema, Gabriel Adolfo Jurado, presentó recomendación al contralor General para emitir esta advertencia al contrato 009 de 2021, dado el incumplimiento que se le declaró, con la consiguiente multa que tuvo y la aplicación que se le hizo de la cláusula penal pecuniaria (por 28.019 millones de pesos) a Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia.

En consecuencia, el incumplimiento de las metas diarias del contratista Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia trae como efecto que día a día el rendimiento o la exigencia de movimiento de tierras se incremente exponencialmente, de manera tal que, a 28 de marzo de 2022, había una necesidad de movimiento de tierra diario de 19.000 metros cúbicos, cifra que tampoco cumplió el contratista y ese incumplimiento persiste, de acuerdo a la información suministrada a la CGR por la interventoría del proyecto.

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