Panfleto del Clan del Golfo desmiente carta de acercamiento con el Gobierno de Gustavo Petro

A través de un panfleto, como usualmente se pronuncia el que es considerado el grupo criminal más grande de Colombia, las AGC desautorizan su inclusión en la carta que buscaba un acercamiento con el próximo Gobierno

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A través de un panfleto, como usualmente se pronuncia la que es considerada la banda criminal más grande de Colombia, las AGC desautorizan su inclusión en la carta que buscaba un acercamiento con el próximo gobierno. Foto: Archivo
A través de un panfleto, como usualmente se pronuncia la que es considerada la banda criminal más grande de Colombia, las AGC desautorizan su inclusión en la carta que buscaba un acercamiento con el próximo gobierno. Foto: Archivo

Este jueves 21 de julio se conoció una carta firmada por excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y varios cabecillas del Clan del Golfo, considerado el grupo criminal más grande de Colombia, en la que manifestaban la intención de entablar diálogos con el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, para buscar una solución pacífica al conflicto armado.

En la misiva, los exjefes paramilitares y cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) proponen entregar su versión acerca del conflicto armado ante el Estado colombiano a cambio de la dilatación de la extradición a los Estados Unidos por delitos conexos con el narcotráfico, como el caso del jefe máximo del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

“Lo que están planteando allí, desde mi punto de vista, es que no se priorice la extradición, sino que se priorice el derecho que tiene el pueblo colombiano de conocer la verdad de las acciones ilegales en que incurren estas personas que están ligadas o bien al narcotráfico o al narcoparamilitarsimo”, aseguró el abogado, Daniel Ernesto Prado, quien tuvo acceso a esta misiva, en diálogo con RCN Mundo.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un panfleto firmado por la banda criminal en la que desmiente que la carta dirigida al gobierno del Pacto Histórico, en la que se propone a su vez un cese del fuego, además de una serie de compromisos en la que se suscriben varias organizaciones y personalidades, haya sido firmada por sus miembros.

En ese sentido, desautorizó la inclusión del Clan del Golfo en este acercamiento con el Gobierno, el cual habría las puertas a una solución dialogada al intenso conflicto que se recrudece en varias regiones del país, especialmente en la zona Pacífica y en la frontera con Venezuela, y del cual, el designado canciller, Álvaro Leyva, aseguró que era una oportunidad para buscar una paz generalizada.

“En su momento manifestaremos por escrito cuáles son nuestras expectativas frente a las políticas del gobierno entrante. Nos parece irresponsable que fenómenos tan complejos como el conflicto social y armado que vivimos sean tratados de forma tan ligera como puede interpretarse de acuerdo con el documento que se está señalando”, indicó el grupo criminal en el panfleto.

Por último, expresó que no es indiferente a los planteamientos de lograr un gran Acuerdo Nacional, una de las propuestas bandera del presidente electo, en la que se tuvieran en cuenta los diferentes actores del conflicto con el propósito de lograr una “paz integral”, y señaló que siempre ha tenido una disposición a “superar la violencia que aqueja al país” y en ese propósito seguiría perseverando.

El grupo criminal regularmente utiliza panfletos para intimidar a la población civil o comunicar algunas decisiones como el anuncio del paro armado que afectó a 12 departamentos del país y dejó más de 14 muertos, el cual se habría acordado como parte de la represalia del Clan del Golfo a la extradición a los Estados Unidos de su jefe máximo.

En medio del paro armado, el comercio y sector del transporte también se vieron gravemente afectados y al menos cinco comerciantes fueron atacados, incluyendo un conductor. Además, 80 vehículos fueron quemados en diferentes vías del país. Lo anterior se suman a los recurrentes ataques en contra de miembros de la fuerza pública en la región del Urabá, al noroccidente del país, que harían parte de un plan pistola.

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