JEP alerta que desde la firma del Acuerdo de Paz se han registrado 238 afectaciones graves al medioambiente

Este viernes 22 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó que desde la firma del Acuerdo Final de Paz, entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, se han registrado 238 hechos de grave afectación al medio ambiente en el territorio nacional, lo que representaría un caso semanal de violencia contra la naturaleza en el país desde hace cinco años.

Así lo denunció la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la justicia transicional a través del informe ‘El ambiente como víctima silenciosa: un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz’, que estudió los casos de violencia ambiental que se han presentado en 12 zonas del país donde se ha reactivado el conflicto armado desde 2017, encontrando graves contaminaciones de fuentes hídricas, así como daños al suelo, flora y fauna.

“La minería ilegal ha sido el hecho que más afecta el medio ambiente de manera constante en estos años. En el período posterior a la firma del Acuerdo, en 17 departamentos y en 66 municipios se han presentado, al menos, 140 afectaciones a fuentes hídricas, suelos, fauna y flora derivados de esta modalidad criminal. La mayor concentración de estos hechos se da en el Bajo Cauca antioqueño y en Chocó”, explica el informe que abarca desde la firma hasta mayo de 2022.

Asimismo, la UIA alertó sobre los daños en las fuentes hídricas que han generado los 41 ataques a la infraestructura petrolera en el país por parte grupos armados ilegales, que utilizan estos derrames para almacenar petróleo y venderlo para su financiación, y se han registrado en su mayoría en 2019 en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Nariño.

De igual manera, la unidad evidenció que desde la firma del Acuerdo Final de Paz se ha incrementado la tala indiscriminada de árboles, y señaló que en 2021 el número de actividades registradas creció en un 900 %, siendo la Amazonía la región más golpeada por la deforestación en la que se concentró el 72 % de las afectaciones.

“Hizo un llamado por la delicada situación de violencia que se vive en nueve de los 43 Parques Nacionales Naturales. En estos, 20 % del total persisten grupos armados al margen de la ley que, además de cometer acciones directas contra el territorio, también han impedido la labor de funcionarios, líderes y lideresas ambientales”, indicó la UIA.

Por último, la unidad destacó que la JEP ha proferido cuatro fallos que plantean el reconocimiento de territorios como víctimas del conflicto, como en el caso de Cxhab Wala Kiwe, Katsa Su y Eperera Euja territorios ancestrales de los pueblos indígenas nasa, awa y sia, respectivamente, “así como los consejos comunitarios de Tumaco donde habitan comunidades afrodescendientes. Estos lugares han sido nuevamente desarmonizados debido a las graves afectaciones que se han presentado contra el medio ambiente”.

El medioambiente en Colombia fue una víctima del conflicto armado que registró innumerables afectaciones por parte de los diferentes actores armados que encontraban en los ecosistemas, y en la flora y en la fauna un elemento sin mayor reconocimiento y una fuente de financiación.

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