MOE revela balance de la gestión del Congreso 2018-2022

En el contexto del cierre del período del presente Congreso de la República (2018-2022), y tras la instalación del nuevo, la Misión de Observación Electoral -MOE presentó el Informe de la Gestión Legislativa 2018-2022.

En este, de acuerdo con la directora de la MOE, Alejandra Barrios, “el Congreso asumió un papel pasivo en la respuesta a la pandemia, teniendo en cuenta tanto la producción normativa como el control político ejercido a los decretos proferidos por el Gobierno Nacional”.

Sobre el análisis de trámites legislativos en temas político-electorales, la MOE analizó los proyectos de ley y actos legislativos conforme a categorías temáticas medulares en el sistema político electoral y arrojó lo siguiente:

1. Funcionamiento del Congreso: se trataron temas como el ausentismo en las sesiones y la limitación en la reelección de los miembros del Congreso.

2. Sistema de partidos: tratando asuntos como la conformación, funcionamiento, financiación y presentación de listas de las organizaciones políticas.

3. Reformas al proceso electoral: se plantearon asuntos que buscaban hacer modificaciones al desarrollo del proceso electoral, particularmente en sus procedimientos.

4. Participación política de mujeres, étnica y de la juventud: se trataron temas como el control, vigilancia y sanción de la violencia política contra las mujeres; la regulación del derecho fundamental a la consulta previa y la creación de una Circunscripción Especial de Jóvenes.

5. Acuerdo Final de Paz: se plantearon reformas dirigidas a la regulación de las CITREP, participación ciudadana y medidas que desarrollaban el Acuerdo Final de Paz.

6. Función de control político: se abordaron mecanismos para fortalecer la figura de la moción de censura.

De los 166 proyectos de acto legislativo y de ley presentados en temas político-electorales, sólo ocho fueron aprobados: dos reformas constitucionales y seis leyes de la República, es decir, solo el 4,8 % de los proyectos presentados, de los cuales destaca el Código Electoral, que no se convirtió en ley al ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Pese a que los proyectos sobre temas político-electorales representan el 46,8 % de los proyectos tramitados por la Comisión Primera, en la mayoría de casos, no fueron sometidos a discusión. En este caso, el 44 % de todos los proyectos presentados en asuntos político-electorales (que corresponden a 73 proyectos), fueron archivados sin ser sometidos a debate en el legislativo.

La aprobación de un nuevo Código Electoral fue una de las discusiones fundamentales que tuvo el Congreso saliente. Este buscaba modernizar y actualizar el sistema electoral colombiano. No obstante la importancia que tenía este proyecto, particularmente para el desarrollo del ciclo electoral que se acercaba, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su trámite en el Congreso de la República.

Un elemento que marcó de forma negativa la gestión del Congreso 2018 – 2022 fue la falta de materialización de las reformas fundamentales para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, deuda que venía desde el Congreso del cuatrienio 2014 – 2018, y siguió quedando pendiente en la legislatura que finalizó.

En concreto, no logró consolidarse una reforma político-electoral que cumpliera con el mandato fijado por el Acuerdo frente a temas como la reforma de la arquitectura institucional, del sistema electoral y el financiamiento de la política, pese a que fueron identificadas cuatro propuestas, las cuales en su totalidad fueron archivadas.

Para la MOE, este Congreso dejó pendiente la aprobación de temas de especial relevancia que se convierten en la agenda prioritaria del entrante, como lo son: la reforma del diseño institucional electoral, medidas para atender la violencia contra la mujer en política y la reforma a las organizaciones políticas, incluyendo el funcionamiento de las coaliciones.

Finalmente, como parte del informe de la gestión legislativa del Congreso 2018-2022, la MOE puso el ojo sobre las iniciativas por la transparencia y la lucha contra la corrupción.

La agenda contra la corrupción que tuvo lugar en el Congreso durante el cuatrienio 2018-2022 se concentró en varios puntos que se resumen en aquellos sometidos a votación en la consulta popular de 2018 y que fue concebido como un mandato ciudadano tras el Pacto Anticorrupción del 29 de agosto de 2018 entre el Gobierno y los partidos políticos:

1. Reducción de salarios para los congresistas y altos dignatarios del Estado.

2. Eliminación de tratos especiales a los condenados por delitos de corrupción.

3. Reforma al Estatuto General de la Contratación (universalización de pliegos tipo).

4. Fortalecimiento del control social sobre el presupuesto.

5. Avance en el acceso a la información sobre la gestión y la rendición de cuentas.

6. Desclasificación de la información patrimonial de los servidores públicos.

7. Limitación a los periodos constitucionales para ejercer diferentes cargos públicos.

En total se radicaron 78 iniciativas, sin embargo ,tan solo nueve de los proyectos de ley y de acto legislativo en cuestión fueron aprobados (que corresponde al 11,5 %), uno de los cuales fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. 43 proyectos, que corresponden al 55,1 % de las iniciativas presentadas, fueron archivados sin ser sometidos a ningún debate.

Al ahondar en el trámite que recibieron los proyectos de ley anticorrupción engavetados durante el cuatrienio legislativo 2018 – 2022, la MOE detectó una tendencia de archivo en etapas iniciales. Tan solo en primer debate se hundieron 34 de los proyectos de ley en estudio; 5 lograron pasar a segundo debate; 2 a tercer debate, y únicamente 5 alcanzaron el cuarto debate sin que pudieran ser al fin y al cabo aprobados.

Esta organización reiteró la importancia de que desde el Legislativo se impulsen iniciativas para adoptar y/o fortalecer los mecanismos para la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción y generar mayor transparencia en la gestión administrativa.

“En este sentido, se debe priorizar la regulación del cabildeo, revisar las modalidades de contratación y simplificar las normas sobre esta materia a fin establecer mayores controles sobre los recursos del Estado”, precisó.

De igual manera, la MOE advirtió que el nuevo Congreso tiene la responsabilidad de fortalecer el funcionamiento de los órganos de control del Estado, así como de reformar la Procuraduría.

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