Nuevo Congreso en Colombia, clave en la gobernabilidad

El nuevo Congreso que se instala tiene una serie de retos complejos, no solo por ser la primera vez que a Colombia la preside un gobierno progresista, sino por las expectativas que, algunas de las promesas de campaña han despertado en la ciudadanía.  Vale recordar que Gustavo Petro no sólo ganó por el voto de izquierda o progresista, sino por la idea de cambio que viene flotando desde hace varios años y que no ha podido concretarse.

Buena parte de esos cambios exigidos dependen de que se mantenga una relación dinámica entre el ejecutivo y el legislativo, más aún cuando el Congreso, así como los partidos políticos, aparecen entre las instituciones más desprestigiadas con menos del 10% de imagen favorable. Esto supone un reto mayor, pues buena parte de las votaciones en Senado (cámara alta) y Cámara de Representantes (baja) se inspiró en la idea de renovación en dos sentidos. De un lado, por la llegada de liderazgos jóvenes que hablan de un cambio generacional en algunos partidos, con la elección de activistas, líderes estudiantiles, sociales, ambientales y analistas políticos, entre otros.  Y de otro, por la votación histórica e inédita conseguida por la izquierda, muestra de nuevos aires en la correlación de fuerzas en la que la derecha uribista aparece como la menos favorecida tras una larga hegemonía.

Por primera vez en diez años, una misma colectividad consigue la presidencia de ambas cámaras, por lo que Roy Barreras y David Racero, cabeza de Senado y Cámara respectivamente, tendrán sobre sus hombros el peso de mantener la coalición en el legislativo para dirigir las discusiones que le permitan al gobierno de Gustavo Petro llevar a cabo en el primer año de mandato, al menos una de las reformas más ambiciosas. Para ello el Pacto Histórico, tiene una ventaja capital pues tiene asegurada la presidencia de las comisiones tercera y cuarta, encargadas de hacienda y crédito público y presupuesto respectivamente. ¿Por qué esto es tan relevante? La reforma más urgente del gobierno entrante es, sin duda, la fiscal que pretende recoger recursos por el orden de los 50 billones de pesos, aunque no en el primer año, según aclaró el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Esta iniciativa es clave por al menos dos razones.

En primer lugar, garantiza acceso a recursos para llevar a cabo otros proyectos en especial de corte social, es decir de la entraña de un gobierno progresista; y, en segundo lugar, porque de la aprobación de una reforma tributaria depende la reducción del desproporcionado déficit fiscal que entrega Iván Duque y en buena medida la transmisión de calma a mercados e inversionistas internacionales. La última vez que Colombia aplazó un cambio en la estructura fiscal, a mediados del año pasado en medio de las protestas, perdió el grado de inversión por parte de las poderosas agencias Fitch Ratings y Standard and Poor’s.  El gobierno pagó caro la ausencia de un marco de diálogo social para acordar este tipo de iniciativas. La próxima administración deberá negociar y hacer pedagogía para persuadir de que la transformación fiscal es esencial para unas finanzas más sanas y acceder al ideal de un país más equitativo. Colombia tiene un coeficiente de Gini cercano al 0,53 que la ubican como el segundo país más desigual en la zona de mayor concentración de ingresos en el mundo.

Luego vendrán reformas de mayor calado que deberán tener amplios apoyos en el legislativo como sucede con la reforma a la Fuerza Pública, tema espinoso y del cual se espera mucho, tal como pudo comprobarse en el discurso la noche de la elección. La aparición de Jenny Alejandra Medina, madre de Dylan Cruz asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), fue una clara señal del compromiso de la administración entrante en ese sentido. Para ello, deberá avanzar en la transformación doctrinal para alejarla de la influyente tesis de la seguridad nacional hija del conflicto armado y acercarla a versiones multidimensionales y más compatibles con los Derechos Humanos. Aquello supone además la creación del Ministerio de la Paz o de Seguridad Ciudadana, tal como lo aconsejó el informe de la Comisión de la Verdad.  A este paquete se suma la reforma de tierras clave en la desactivación del conflicto, y cuyo avance tras lo pactado de los Acuerdos de La Habana de 2016 estuvo casi que congelado durante estos cuatro años. También aparece la creación del Ministerio de la Igualdad donde Francia Márquez gozará de protagonismo y la eliminación de la Procuraduría y su reemplazo por un nuevo organismo de control anticorrupción.

Como se observa, se trata de una agenda legislativa ambiciosa que tendrá que mantener los apoyos que efusivamente el nuevo gobierno ha conseguido hasta el punto que, solamente el Centro Democrático, partido del uribismo se ha declarado en oposición. Esto no implica ausencia de contrapoderes, control político u oposición. En realidad, significa que varios partidos optarán por tener la libertad de elegir selectivamente qué proyectos apoyan para disponer de una margen de negociación con el gobierno. El oficialismo en cabeza del Pacto Histórico tiene el desafío complejo de hallar los equilibrios entre las fuerzas de centro que lo apoyan como el Centro Esperanza y el Partido Liberal y sus bases. Acá no todo son consensos en temas como la reforma tributaria o la transición energética. En este último, existen expectativas encontradas entre quienes se angustian por no enviar una señal de hostilidad a la inversión extranjera con el cambio de matriz energética (sectores de centro) y quienes piden acelerar formas alternativas para la generación de bienestar más compatibles con el ambiente (ambientalistas y quienes han hecho resistencia al extractivismo).

La guerra en Ucrania y las expectativas de desaceleración de la economía de Estados Unidos han cambiado drásticamente el panorama. Esto ha provocado la inflación en los precios de los alimentos, las dificultades para acceder a los fertilizantes y el alza en los precios de los hidrocarburos que, a su vez, han retrasado en todo el mundo la transición energética, una calamidad para aquellas plataformas progresistas que llegaron al poder con esta bandera.

Este nuevo Congreso tiene, por tanto, que sortear una de las coyunturas más críticas en el último tiempo para Colombia. La mayoría conseguida por el oficialismo no debe significar el abandono de su misión natural de hacerle contrapeso y en el mejor de los casos, será el escenario por excelencia en el que se tramitarán las controversias entre el gobierno y sus opositores.

*Mauricio Jaramillo Jassir es Profesor principal de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, Universidad del Rosario. Internacionalista de la Universidad del Rosario (2004), Maestría en Seguridad Internacional de Sciences Po Toulouse (2005) y en Geopolítica de la Universidad París 8 (2009). Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse I (2018). Trabajó como asesor del despacho del Secretario General de UNASUR.

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