Las leyes y proyectos ‘en remojo’ que el nuevo Congreso tendrá que poner en marcha

Con la posesión del nuevo Congreso de la República el rumbo gubernamental del país cambiará de rumbo, pero antes de girar el timón, primero deberán finalizar lo que el gobierno anterior inició y no pudo completar a tiempo.

Si bien los nuevos miembros del máximo órgano del poder legislativo tienen planeado proponer nuevos proyectos que se adhieran a la visión propuesta por el presidente electo Gustavo Petro, antes tendrán que darle prioridad a aquellos que no superaron las barreras del gobierno de Iván Duque, estos son algunos de ellos.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú es uno de los principales proyectos a los que el nuevo Congreso debe darle prioridad.

El acuerdo busca promover el acceso a la información, la participación ciudadana, la justicia y la protección de los derechos humanos en torno al medio ambiente. Está posicionado como el tratado que abarca los lineamientos necesarios para construir un futuro sostenible, además de una nueva sociedad informada que tenga las garantías de vida suficientes para velar por el medio ambiente.

En Colombia, han pasado 2 años y 7 meses desde que se escribió el nombre del país en la lista de países firmantes del acuerdo, pero a día de hoy todavía no lo ha ratificado como tal y por lo tanto no se ha podido implementar en el territorio nacional.

El proyecto ha intentado avanzar hacia su aprobación en el legislativo, pero ha fallado en todos los intentos. La ausencia de información sobre el acuerdo, la falta quórum para votación, e incluso la argumentación de que varios puntos del acuerdo ya se encuentran vigentes dentro de la ley colombiana, han sido las principales razones de que a hoy día la ratificación del acuerdo siga como un proyecto ‘pendiente’.

El pasado mes de abril se dio un paso adelante sobre este proyecto. Con votación de seis a favor y uno en contra, el proyecto superó el primero de los cuatro debates necesarios para su implementación final.

La Ley de Comida Chatarra tiene como objetivo etiquetar con avisos aquellos productos que contengan altos niveles sodio, azúcar y grasas saturadas con el objetivo de alertar y concientizar a los consumidores sobre las consecuencias a la salud que puede traer la ingesta de estos alimentos, enfocándose especialmente en los niños, quienes son el grupo poblacional que más consume estas comidas.

El 5 de agosto de 2021, el Congreso de la República aprobó la Ley 2120, para su implementación, sin embargo, el Ministerio de Salud le ha dado largas al asunto y la reglamentación de los avisos todavía no se ha hecho efectiva. Incluso, dos días antes de ser sancionada la ley, el gobierno expidió la resolución 810 de 2021 en la cual los fabricantes de estos productos pueden colocar sellos circulares de advertencia sin tener que mostrar la evidencia científica exigida, intentando así proteger los intereses de las empresas.

Al Ministerio de Salud se le otorgó un plazo de un año para poner en marcha la ejecución de la ley, pero debido a los procesos de dilatación que se han dado, será ahora tarea de la nueva cartera ponerla en ejecución para finales de año.

Le puede interesar: CNE declaró la elección del Senado: conozca cómo quedó conformado para el 2022-2026

Al igual que con la Ley de Comida Chatarra, desde hace varios años se ha puesto sobre la mesa del legislativo la posibilidad de aplicarle impuestos a las bebidas azucaradas como gaseosas o jugos procesados, pero los intereses de los grandes monopolios de la industria no han permitido que este gravamen se pueda aplicar.

La aplicación del impuesto a estas bebidas buscaría en primer lugar, entregarle al Ministerio de Salud un ingreso adicional por medio de estos valores tributarios y en segundo lugar, reducir el consumo de las mismas para proteger la salud de la población.

En los últimos días el nuevo director designado del DANE, Luis Carlos Reyes, afirmó que en el gobierno de Gustavo Petro, no se aplicaría este impuesto. Sin embargo, la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho afirmó que todavía no se puede descartar esta posibilidad. Ahora ambas partes deberán establecer conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Cabe recordar que la posible aplicación de un impuesto a las bebidas azucaradas se estudiaría al momento de presentar la nueva reforma tributaria.

Actualmente, tanto un senador como un representante a la Cámara tiene un sueldo que sobrepasa los 34 millones de pesos mensuales; sumado a eso, tienen dos periodos de vacaciones, uno en diciembre y otro en marzo. Dicha cifra representa la segunda brecha salarial más grande de América Latina entre los parlamentarios y quienes ganan un salario mínimo o menos.

¿Son cifras exageradas? Para muchos sectores sociales, económicos e incluso políticos, sí; por eso, desde hace varios años se ha planteado la idea de reducir tanto el salario como las vacaciones de todos los parlamentarios. Solamente en dos oportunidades se estuvo cerca de alcanzar este hecho: en 2018 con la Consulta Popular Anticorrupción, se buscaba que a través de un referendo fueran reducidos ambos elementos; sin embargo, tal no tuvo efecto.

En 2020, en plenas sesiones virtuales por pandemia, los senadores Gustavo Bolívar —Colombia Humana— y Temístocles Ortega —Cambio Radical— plantearon la posibilidad de eliminar los gastos de representación —que equivalen a aproximadamente 20 millones de pesos mensuales por congresista— y bajar el salario. En la Comisión Primera del Senado se hundió la iniciativa de Ortega.

Votaron No a la propuesta los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal —Centro Democrático—; Esperanza Andrade, Eduardo Manríquez y Juan Carlos García —Partido Conservador—; Eduardo Pacheco —Colombia Justa Libres— y Miguel Ángel Pinto —Partido Liberal—. Por el sí votaron Roy Barreras, Gustavo Petro, Armando Benedetti, Rodrigo Lara, Germán Varón, Carlos Antonio Lozada, Alexander López y Temístocles Ortega.

Ahora, en la legislatura 2022-2026 se espera que este proyecto, que ha estado en remojo durante varios años, vuelva a ser discutido en el recinto. De hecho, el senador electo Roy Barreras lanzó la pulla de que esta vez sí surtirá efecto tal iniciativa que podría aprobarse teniendo en cuenta las mayorías que están unidas a la bancada de gobierno.

En la Sentencia C-055 de 2022, sobre la cual es despenalizada la práctica del aborto hasta la semana 24, la Corte Constitucional le pide al Gobierno nacional y al Congreso de la República crear los mecanismos necesarios para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres del país, y sumado a eso, a establecer los canales necesarios para acceder, mediante el sistema general de salud, a una IVE de manera segura.

En lugar de esto, desde varios sectores conservadores y de la derecha han planteado la opción de tumbar el fallo de la Corte por vía legislativa; empero, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido, desde su programa, que acatarán lo dicho por el alto tribunal. En ese sentido, también plantean garantizar los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en los sistemas educativos y de salud.

Ahora, con respecto al suicidio médicamente asistido, también la Corte Constitucional despenalizó esta práctica; sin embargo, desde varios sectores médicos (incluyendo el propio Ministerio de Salud) han afirmado que debería regularse por la vía legislativa. La discusión sobre el derecho a morir dignamente —eutanasia— también fue blanda dadas las dificultades que tienen muchos pacientes en el país para acceder a esta práctica que les permite terminar con su dolor por enfermedades crónicas.

SEGUIR LEYENDO: