Fiscalía judicializó al exalcalde de Puerto Gaitán, Meta, por presuntas irregularidades en un contrato

Este miércoles 20 de julio, el exalcalde del municipio de Puerto Gaitán, Meta, José Alex Fierro fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades de contratación en la compra de un bote de rescate mientras desempeñaba este cargo entre 2016 y 2019, las cuales habrían generado un detrimento de $188 millones a las finanzas de esta localidad.

El ente investigador evidenció que el exmandatario de esta localidad, ubicada en los Llanos Orientales, habría direccionado la compra de este bote de salvamento y rescate, de tal manera que fuera adjudicado a una corporación representada por la contratista Angélica Ricardo, al tiempo que encontró otra serie de anomalías en todo el proceso contractual que superaba los $368 millones de pesos.

La Fiscalía detectó que en este contrato, que tenía la intención de suministrar un bote que fuera de borda para el Cuerpo de Bomberos para prestar salvaguardar a turistas y residentes en emergencias presentadas en el río Manacacías, estaba involucrada la secretaria de Gobierno municipal, Ermincia Granados; y el ingeniero Alexander Montaña, quien se habría presentado como intermediario en este proceso.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a las cuatro personas presuntamente involucradas, según el posible nivel de participación, los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos”, señaló el ente investigador en un comunicado, en el que confirmó que a la contratista que se habría visto beneficiada con este contrato, le fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público.

Por otra parte, la Fiscalía encontró, al menos, 38 actuaciones presuntamente ilícitas durante esta contratación, que contemplaba inicialmente una subasta pública, que se canceló, para posteriormente abrir un nuevo proceso que se definió como requisitos para los oferentes ser una pequeña y mediana empresa dedicada a la fabricación de estructuras flotantes.

En ese sentido, encontró que con estas condiciones la empresaria Angélica Ricardo “cambió rápidamente la razón social de la corporación que representaba y país de la construcción de vías a la elaboración de botes”, para que la Alcaldía de Puerto Gaitán, mediante la Secretaría de Gobierno, le entregara el contrato sin considerar que no contaba con la idoneidad ni el músculo financiero para cumplir con el objetivo.

“De esta manera, el contrato fue suspendido en dos oportunidades, fueron modificadas las especificaciones técnicas y la señora Ricardo Rojas habría subcontratado varias actividades para entregar el bote en el tiempo establecido; sin embargo, lo hizo seis meses después, cuando el término definido era de 15 días. En lo que respecta a la liquidación del contrato, la Fiscalía estableció que los funcionarios, presuntamente, comprometieron vigencias futuras sin justificación alguna”, concluyó la Fiscalía.

Esta decisión se conoce una semana después que la Corte Suprema de Justicia condenara a seis años y diez meses de prisión al exgobernador del departamento selvático de Vaupés Wilson Ladino Vogoya por su supuesta responsabilidad en la suscripción de un contrato que presentaba sobrecostos y buscaba favorecer a un particular con el que mantenía una deuda.

La Sala Especial de Primera Instancia condenó al exmandatario por las irregularidades que se registraron en el contrato interadministrativo, firmado en abril de 2005, celebrado entre la gobernación del departamento amazónico y la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales (Conalde), en el que se contemplaba el suministro de mercado perecedero y no perecedero a instituciones educativas administradas por la Secretaría de Educación.

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