El ministro de Ambiente fue citado por la Corte Suprema de Justicia por escándalo de corrupción

Los hechos tienen que ver con la construcción de un coliseo en Montería, cuando Carlos Correa, entre el 2012 y 2015, se desempeñaba como alcalde del municipio

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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Carlos Eduardo Correa, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2021. REUTERS/Luisa González
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Carlos Eduardo Correa, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2021. REUTERS/Luisa González

El próximo 25 de julio la Corte Suprema de Justicia citó al ministro de Ambiente, Carlos Correa, para darle continuación con las audiencias preliminares a un juicio en su contra por hechos de corrupción que rodearon la construcción del coliseo Happy Lora en Montería.

En el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas es quien encabeza las investigaciones y el proceso en el que ya se acusó a Carlos Correa en su calidad de alcalde de Montería por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación a favor de terceros.

De acuerdo con las investigaciones, se trata de la remodelación que haría su administración (2012-2015) al escenario deportivo Coliseo Miguel Happy Lora en la capital cordobés que debía entregarse en 2012, pero que solo fue entregado hasta el 2017.

De esta manera, el funcionario del Gobierno nacional enfrentaría cargos por peculado, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. Sin embargo, como ya se mencionó, esta investigación viene desde el 2017, cuando Carlos Correa trabajaba en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Dentro de la investigación se afirma que el alcalde desconoció un contrato que estaba firmado desde el 2011 con la gobernación de Córdoba y que el nuevo contrato se habría entregado al Fondo Mixto para la Promoción social y el Deporte.

No se adelantó licitación pública, al igual que no se tuvieron en cuenta los estudios previos del convenio que fue suscrito con anterioridad entre los entes territoriales”, dice el documento.

En el anterior mandato, el actual ministro de Duque fungía como alto consejero para las Regiones y fue ahí cuando la Fiscalía General de la Nación, en unísono con la Corte Suprema, lo informaron de la apertura del caso que enfrentaba cuando se desempeñó como alcalde de los monterianos.

De hecho, según el ente acusador, durante la alcaldía de Correa hubo sobrecostos en la remodelación del coliseo que ascienden a los 12 mil millones de pesos. Esos contratos habrían recibido el visto bueno de la Gobernación de Córdoba, el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social.

Tras la reactivación de la investigación contra el ministro Carlos Correa, a mediados de 2021 su defensa, liderada por el abogado Andrés Garzón, aseguraron tener todo el material probatorio que demostraría la inocencia del actual jefe de cartera en el gobierno Duque.

Por su parte, menciona que no hubo corrupción en la administración de su apoderado y que las contundentes pruebas que aportará ante el alto tribunal lo demostrará. De hecho, asegura que la Contraloría General de la Nación, que también investigó el caso, afirmó “que no se habían perdido dineros” en la construcción del coliseo.

Garzón también argumenta que la Dirección Nacional de Planeación (DNP) también emitió un pronunciamiento en el que habría defendido la gestión de Correa. “Manifestó que la construcción del ‘Happy Lora’ había que devolverle 64 millones de pesos a la Alcaldía”, señaló la entidad.

Cabemencionar que por este caso, en junio de 2017, Carlos Correa fue capturado junto al entonces alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, por presuntamente haber cometido peculado por apropiación, celebración de contratos sin el lleno de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, a finales de ese mes, recobró la libertad por decisión de una jueza de garantías que consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes que justificaran las detenciones.

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