La Contraloría General de la República confirmó la cesación de la acción fiscal y el consecuente archivo de un proceso de responsabilidad que adelantaba contra Electricaribe y seis subcontratistas al determinar que la empresa reintegró a la Dirección del Tesoro Nacional recursos en cuantía de 22.214 millones de pesos, que corresponden al Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER).
Estos dineros habían sido desembolsados por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe, con el fin de legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas, así como ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de la región Caribe de Colombia.
La cesación se da teniendo en cuenta que Electricaribe cumplió con el objetivo social de la contratación en cuatro de los siete proyectos investigados; es decir, que energizó y normalizó el servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de la región Caribe de Colombia.
La recuperación de recursos se dio dentro de los procesos de liquidación de los Convenios PRONE y Contratos FAER, de los cuales hacen parte estos 7 proyectos investigados por la Contraloría General de la República, en los que Electricaribe ha reintegrado recursos en cuantía total de 22.214.213.396,61 pesos.
Sin embargo, aún está pendiente de liquidación el Contrato PRONE GSA 157-2012, el cual tiene asociados 134 proyectos, proceso que se encuentra adelantando el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe en Liquidación.
<b>Irregularidades en la ejecución contractual</b>
El daño patrimonial se relaciona con irregularidades en la ejecución de siete contratos celebrados por Electricaribe con personas naturales y jurídicas, en desarrollo de Convenios PRONE y Contratos FAER, cuyo fin era legalizar los usuarios y adecuar las redes eléctricas conforme los reglamentos técnicos vigentes, en los barrios subnormales de la Costa Caribe y ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda en las zonas del Sistema Interconectado Nacional –SIN en zonas rurales de la región Caribe de Colombia.
En su momento, se determinó que la vigencia de los contratos se encontraba vencida y se había hecho desembolso de recursos al contratista por concepto de anticipo sin que los proyectos se hubieran ejecutado a cabalidad, dejando de lado los fines de dicha contratación, razón por la cual se determinó un daño patrimonial en cuantía de 6.078 millones de pesos.
Liquidación de Electricaribe
Como se recordará, la liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa en Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció en marzo del 2017, luego de que en los últimos meses fue objeto de reclamos por su pésimo servicio en la región Caribe.
Luego, el 24 de marzo de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 20211000011445 del 24 de marzo de 2021, mediante la cual se ordenó el inicio de la liquidación teniendo en cuenta que, una vez finalizado con éxito el esquema de solución empresarial a largo plazo que garantiza la continuidad en la prestación del servicio de energía y la entrada de dos nuevos operadores (Afinia y Air-e) el pasado 1 de octubre de 2020, la entidad consideró que ya están dadas las condiciones que permitirán la culminación de la etapa de administración temporal en la que se encuentra Electricaribe desde marzo de 2017 y, en consecuencia, se dió paso al proceso de liquidación.
Durante la toma de posesión, informó Superservicios, Electricaribe se mantuvo al día en el pago de sus obligaciones corrientes asociadas a la compra de energía, al igual que la ejecución de inversiones prioritarias con el fin de mejorar la prestación de este servicio.
Cabe señalar que en el periodo de intervención, la empresa recibió apoyo financiero otorgado por el Fondo Empresarial de la Superservicios por el orden de los 6,1 billones de pesos, los cuales se derivaron de recursos propios del fondo; créditos bancarios garantizados por la nación y créditos de tesorería otorgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, una parte de los recursos corresponden a autorizaciones dadas por el Gobierno Nacional mediante los documentos Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3875 de 2016, 3910 de 2017 y 3933 de 2018.
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