Margarita Cabello responde a los cambios que propone Petro a la Procuraduría y afirma: “no es un articulito y ya”

Para la procuradora General de la Nación, no es fácil llegar a una solución que satisfaga el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propuesta del presidente electo requiere de una Asamblea Nacional Constituyente

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La procuradora Margarita Cabello aseguró que por el momento no es posible nombrar un registrador ad hoc. Foto: Procuraduría General de la Nación
La procuradora Margarita Cabello aseguró que por el momento no es posible nombrar un registrador ad hoc. Foto: Procuraduría General de la Nación

Este lunes, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, se refirió a la propuesta que hizo el presidente electo, Gustavo Petro, de eliminar o reformar la Procuraduría. Hasta el momento no se había pronunciado sobre el tema, pero esta vez hizo duros comentarios: “Frente a la polémica que ha suscitado el anuncio de eliminar a la Procuraduría, igual que nos ocurrió a nosotros, se están dando cuenta que no es fácil dar con una solución que satisfaga la orden de la Corte IDH. ¡No se trata de proferir un articulito y ya!”.

Estas declaraciones fueron hechas en el VI Seminario Regional para implementar la Ley 2094 de 2021, que reformó el Código General Disciplinario por el que se rige la Procuraduría, desarrollado en Pasto, Nariño.

“La Asamblea Constituyente del 90 determinó que la Procuraduría era un ente autónomo e independiente que no depende del Ejecutivo y que tiene como función investigar y sancionar a los funcionarios electos popularmente”, indicó la funcionaria.

Todo el tema surgió por las críticas hechas por Gustavo Petro con respecto a las facultades del Ministerio Público de sancionar a funcionarios elegidos por medio del voto popular. “La eliminación de la Procuraduría requiere de una Asamblea Nacional Constituyente y la requiere porque, recordemos, la Procuraduría es un ente u órgano de control”, agregó Cabello.

La discusión se originó a partir de del fallo de 2020 en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordena a Colombia que haga las reformas necesarias a la Constitución porque en su criterio autoridades no penales no pueden afectar los derechos políticos de personas elegidas por voto popular, debido a que solo puede hacerse mediante una condena en un proceso penal. Esto por la polémica surgida por la destitución de Petro de la Alcaldía de Bogotá a manos del entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Por eso, el presidente electo, junto a otros políticos, han dicho que la Procuraduría no debería tener facultades para sancionar a funcionarios elegidos por voto, si bien la sentencia de la CIDH solo abordó destituciones e inhabilidades.

Al respecto, Cabello señaló que, “¿Por qué para los funcionarios de elección popular ese privilegio de no ser objeto ni sujetos del derecho disciplinario? En mi criterio, eso se traduciría en patrocinar la impunidad. No pueden existir sujetos de primera y segunda clase”.

Cabe recordar que la CIDH hizo fuertes pronunciamientos referidos a la reforma presentada por la Procuraduría por no cumplir con su fallo. “El documento establece que no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y cuestiona que la Procuraduría todavía conserve las facultades para inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular”, sostuvo en su momento el alto tribunal.

Por eso, Cabello dijo que la discusión sobre el cumplimiento del fallo es bienvenida y que se trata de un tema difícil, “pero invito a que esa discusión sea jurídica, seria y respetuosa; sin ofensas personales o expresiones malsanas frente a la institución o su personal; con argumentos sólidos y con conocimiento claro de las funciones delineadas por la Constitución”.

De igual forma, agregó que “se requiere además que la discusión que se haga se soporte en verdades y no en argumentos banales, como la referida al monto del presupuesto, que dicen es de 2 billones de pesos, o mencionan que hay que acabarla porque ella no existe en otros países”.

“No se hizo para burlar a la Corte IDH o entrar en desacato, como dicen algunos actores políticos, fue un estudio serio que contempló muchas salidas jurídicas, hasta llegar a la más adecuada”, indicó Cabello además.

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