Emilio Archila y tres congresistas fueron llamados por la Corte Suprema de Justicia por pérdida de rubros para la paz

Aparte del consejero, el alto tribunal solicitó a tres senadores del Partido Conservador que rindieran su versión sobre los supuestos sobornos para adjudicar proyectos para consolidación del proceso con las extintas Farc

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El exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio José Archila también fue citado por la Corte Suprema de Justicia para que rinda su versión sobre la perdida de dineros para la paz. Foto: EFE/ Carlos Ortega
El exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio José Archila también fue citado por la Corte Suprema de Justicia para que rinda su versión sobre la perdida de dineros para la paz. Foto: EFE/ Carlos Ortega

Los senadores del Partido Conservador Wadith Manzur, Yamil Hernando Arana y Ape Cuello Baute, junto con el exconsejero presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, tendrán que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para establecer si tuvieron algún tipo de implicación en los hechos de corrupción con dineros que se tenían dispuestos para proyectos para la Paz.

Según informaron en la emisora La W Radio, Archila fue citado por la magistrada Cristina Lombana para que declare acerca de este nuevo supuesto escándalo de corrupción que ocurre en el saliente gobierno del presidente Iván Duque y en el que se habría perdido medio billón de pesos.

Mientras que en el periódico regional El Colombiano informaron que a los congresistas conservadores se les abrió una indagación preliminar para que expliquen si tuvieron alguna relación con este pago de sobornos para aprobar proyectos encaminados a consolidar el acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano.

En el diario antioqueño indicaron que de acuerdo con el oficio 5318, los senadores tendrán que señalar si cobraron o no comisiones de entre el 2 y 12 por ciento para los proyectos de Ocad-Paz, como los han señalado en este caso de presunta corrupción.

Se debe recordar que a inicios de este mes, el exconsejero Archila se presentó en la Fiscalía General de la Nación, que lo requirió para que declarara sobre el señalado escándalo.

La declaración del exconsejero duró cinco horas: se inició a las nueve de la mañana y terminó a las dos y treinta de la tarde. A la salida del búnker, el exconsejero dijo que él es el más interesado en que este proceso avance y que siempre ha tenido confianza en las investigaciones del ente acusador

“Muy complacido de que la Fiscalía esté juiciosamente adelantando las diligencias correspondientes a la denuncia que yo presenté. Querían conocer detalles adicionales sobre las circunstancias en que yo puse en conocimiento esos hechos. La Fiscalía está adelantando las gestiones y eso está sujeto a la reserva”, dijo Archila.

De acuerdo con lo que está descrito en la página web, el Ocad Paz el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías: “Que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. También es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”.

Esta entidad acciona en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), sin embargo, se ha evidenciado la existencia de coimas dentro de los procesos previamente mencionados, de hecho, han resultado involucrados uncionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría General de la República y congresistas del Partido Conservador.

Según se conoció en la denuncia, los involucrados en las irregularidades estarían cobrando comisiones de hasta el 12 por ciento para que algunos de los proyectos fueran aprobados para su ejecución. Documentos revelados por el diario La República señalan que, desde marzo del año 2021, entidades como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia tendrían conocimiento de las denuncias sobre los supuesto negocios irregulares. 

Dentro de los negocios que se salen de la legalidad se resaltan aprobaciones de proyectos que no contaban con consultorías, obras que no tenían aprobación de autoridades regionales o permisos de entidades como Invias.


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