Gobierno de Iván Duque advierte que no es posible iniciar una negociación política con el ELN

Un día después de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional —ELN— manifestó sus intenciones de retomar los diálogos de paz que fueron iniciados en el mandato Juan Manuel Santos y pausados durante el último cuatrienio tras el ataque a la escuela de cadetes General Santander, perpetrado por ese grupo en enero de 2019 dejando 23 muertos.

Sin embargo, desde el actual Gobierno manifestaron que, de momento, no es posible reanudar una negociación política con esta guerrilla.

De acuerdo con el alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, por ahora no se puede pensar en reactivar un proceso político con grupos armados, incluyendo el ELN; en cambio, afirmó en diálogo con Semana que ellos deben someterse a la justicia por medio de una ruta jurídica. Asimismo, argumentó que tanto este como otros agentes ilegales cometen delitos asociados al narcotráfico.

Asimismo, sostuvo ante el medio citado que, de acuerdo con lo establecido en el sistema jurídico nacional, “no hay conexión entre el delito del narcotráfico y los delitos políticos, por eso no pueden negociar de carácter político” con grupos como el Clan del Golfo, disidencias de las extintas Farc y el mismo Ejército de Liberación Nacional. De paso, advirtió que “se equivocan quienes están planteando realizar procesos de paz con base en negociaciones políticas” reiterando que existe la salida jurídica.

También, indicó que le corresponderá al próximo Congreso y al gobierno entrante determinar “cómo se hacen esas negociaciones, pero repito: deben ser jurídicas, no políticas, porque tanto el ELN como el Clan del Golfo y las disidencias, son un cartel de la droga”.

En contexto: Reanudar diálogos con el ELN, un hito hacia una ‘paz total’ planteada por Petro: ¿qué tan viable es un acuerdo con la guerrilla?

Cabe recordar que en 2019, el Acto Legislativo N° 2 de julio de ese año eliminó el narcotráfico y el secuestro como conexos al delito político, puntualizando que “ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente con el régimen constitucional y legal”.

En ese sentido, no se podría aplicar el indulto o amnistía sobre quienes hayan cometido dichos delitos. Sin embargo, la sentencia 42534 de 2014 emitida por la Corte Suprema de Justicia había determinado que sí había conexión entre el narcotráfico y la rebelión, siempre y cuando el primero haya servido para la financiación de grupos guerrilleros. Dicha medida aplicó para los diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

El pasado 5 de julio, el presidente electo Gustavo Petro planteó la posibilidad de un cese al fuego bilateral con el ELN para la reinstalación de la mesa de diálogos, indicando en La W “el mensaje que yo he lanzado, no solo al ELN sino a todas las agrupaciones armadas vigentes, es que llegó el momento de la paz”.

Además, dijo que su propuesta al ELN y otros movimientos armados del país consiste en “negociaciones judiciales, en la mayoría de los casos, y negociaciones políticas” en otros, con el fin de “lograr que se acabe la guerra en Colombia”. De igual manera, varios representantes de la bancada de gobierno han insistido en la salida del diálogo para llegar a consensos con esta guerrilla.

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