El Banco Mundial alertó sobre lo que le costaría a Colombia no mitigar el cambio climático

Empezar y consolidar las políticas públicas y privadas de cara al cambio climático es una tarea pendiente a trabajar, no solo en los países con grandes industrias, sino en todos los países, incluido Colombia, la cual, con el tiempo, presenta más fenómenos naturales asociados a esta problemática.

En un informe del año pasado (2021) el Banco Mundial resaltó que “en los próximos 10 años el cambio climático empujará a más de 130 millones de personas a la pobreza”.

Además, implicaría que más 200 millones de personas migren dentro de sus territorios como producto del cambio climático y el hundimiento de las zonas costeras, algo que el mismo Banco ha señalado que sucederá a nivel mundial de cara al 2050.

De acuerdo con el mismo documento del Banco de la República, llamado “Impacto macroeconómico del cambio climático en Colombia” evidencia las problemáticas asociados a esta problemática podrían significarle al país pérdidas de PIB a 2100 de entre el 2%, eso siempre y cuando se cumplanj con los Acuerdos del de París, de no ser así el porcentaje que tendría que pagar el país es del 8% del Producto Interno Bruto.

La documentación agrega que se podría dar también una contracción de la economía colombiana por causa de esta problemática asociándolo al deterioro en un lapso largo: “La senda esperada muestra una ampliación del déficit en el escenario de cero emisiones netas en 2050″, dice la data sobre este tema.

También, el documento agrega que: “las finanzas públicas también se verían afectadas debido a una disminución de las rentas petroleras y mayores esfuerzos de gastos frente a los riesgos asociados al cambio climático, con mayor incidencia sobre el déficit fiscal y la deuda del gobierno en un escenario de cero emisiones”.

La misma problemática podría generar inconvenientes en el sector financiero y pérdidas generales de costo para las arcas de la nación, lo que afectaría la estabilidad del sistema económico del país:

“El escenario de políticas actuales traería el mayor impacto adverso sobre los establecimientos de crédito, debido al deterioro de la calidad de riesgo de la cartera”, señala el documento.

“Fortalecer la investigación, la ciencia y la tecnología, fomentar el desarrollo de programas de formación técnica, tecnológica, profesional y posgradual orientados a transición energética, generando capacidades para asumir las oportunidades laborales que brindará dicha transición”.

“Fortalecer el parque automotor público e incentivar el uso de vehículos eléctricos y las estaciones de recarga”.

“Crear un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctricas”.

“Impulsar tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica y solar. Se priorizará la producción de energía solar en la Guajira, en propiedad mixta con las 17 comunidades wayúu, los trabajadores de la minería del carbón y los municipios productores. Para lograrlo se promoverá un plan ambicioso de techos y granjas solares en las zonas con mayor exposición solar del país”.

“Estimular la implementación de proyectos de hidrógeno a pequeña, mediana y gran escala y de sus respectivos sistemas de transporte y distribución”.

“Fomentar la generación de biogás asociado a proyectos agropecuarios y de aprovechamiento de residuos sólidos”.

“Reducir gradualmente el modelo extractivista para la no dependencia económica del petróleo y del carbón”.

“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera”.

“No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”.

“No se construirán más hidroeléctricas de embalse”.

“Impulsar una reforma al actual código de minas y un ajuste institucional en función de la transición energética y la nueva política pública minero-energética, con perspectiva ambiental y social”.

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