La Fiscalía General de la Nación condenó a 6 años y 8 meses de prisión al exdirector de Migración Colombia del Tolima Jaime Quintero Pinilla, quien lideraba una red criminal que se dedicaba a la falsificación de documentos nacionales, visas y permisos, y los entregaba a personas cuya situación migratoria no podían legalizar bajo las normas vigentes debido al incumplimiento de los requisitos para la expedición de dichos documentos.
“La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, en un trabajo articulado con Migración Colombia, puso en evidencia una red criminal que se dedicaba a tramitar de manera ilegal, permisos y autorizaciones para ciudadanos extranjeros que no cumplían con los requisitos de ley, con la finalidad de permanecer o transitar por el país.”
Según lo mencionó Carlos Roberto Izquierdo Ortegón, director especializado contra las organizaciones criminales, la banda falsificaba documentos como extractos bancarios, cédulas de ciudadanía, certificados de Cámara de Comercio y registros civiles. Los precios que cobraban por la expedición de los documentos previamente mencionados oscilaban los 3 y 30 millones de pesos.
Según el ente investigativo, Quintero Pinilla no solo lideraba este grupo criminal, sino que también aprovechando el cargo de director de Migración Colombia hacía el uso del sistema para tramitar directamente permisos o visas a varias personas que compraban estos documentos:
“Esta persona, de acuerdo con las pruebas que presentó la Fiscalía, utilizó su cargo para acceder a los sistemas de la entidad y tramitar directamente permisos a ciudadanos de nacionalidades de China, Venezuela, Cuba, México y Ecuador”
Por estas razones, Pinilla no solo tendrá que cumplir con tiempo en la cárcel, sino que también deberá pagar una multa equivalente a 130 salarios mínimos legales vigentes. Aparte del funcionario público, otros cinco miembros de la red delictiva, por medio de un preacuerdo, aceptaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, acceso abusivo a redes de información, cuya condena se encuentra entre los cuatro y siete años de prisión.
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Los demás condenados son Giovanny David Ortiz Barraza, Paola Marcela Marín Cuevas, Liz Giovana Herrera Suárez y Julio César Campos Mozo.
La migración a territorio colombiano es una de las problemáticas sociales más prominentes de los últimos años. La obligatoriedad de tener documentos legales al momento de solicitar permisos, visas o incluso nacionalidades es fundamental para que los solicitantes puedan acceder a los bienes y servicios básicos de vida, pero como los requisitos son bastante estrictos, hay quienes prefieren irse por la vía fácil.
Según las cifras de Migración Colombia, a finales de 2021 un total de 1′900.000 migrantes venezolanos entraron a territorio nacional y la situación llegó a tal punto en el que la capacidad gubernamental de atender sus requisitos se vio superada por el número de extranjeros que intentan asentarse en el país.
Nada más la semana pasada entre Cúcuta y Bucaramanga, la misma institución migratoria en conjunto con la Policía Nacional encontró a 85 venezolanos indocumentados en cuatro autobuses intermunicipales que se dirigían a las principales ciudades del país. Otra de las vías que han adoptado los migrantes debido a la imposibilidad de conseguir todos los documentos exigidos para legalizar su estadía en Colombia.
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