Reanudar diálogos con el ELN, un hito hacia una ‘paz total’ planteada por Petro: ¿qué tan viable es un acuerdo con la guerrilla?

Colombia, 2017. Transcurría febrero, había tranquilidad en muchos sectores del país tras la aprobación del Acuerdo Final de Paz con la ahora extinta guerrilla de las FARC-EP. Pese a la amarga derrota del Sí en el plebiscito de octubre de 2016, los diálogos adelantados en La Habana fueron refrendados por el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, con ayuda de miles de personas que salieron a las calles tras los resultados de aquellos comicios tan extraordinarios como sorpresivos por el ajustado resultado.

Durante el segundo mes de ese año se anunció la instalación de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional —ELN— y con ella, llegaron los vientos de una posible paz completa. Y a pesar de que en pleno 2022 no sería tan completa, pues hay más actores armados ilegales en el país, la posibilidad de lograr un acuerdo de paz con esta guerrilla sí genera esperanza en gran parte de la sociedad.

Un día después de la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta electos, el Comando Central de aquella guerrilla anunció su “plena disposición” para reanudar la mesa de diálogos, que fue pausada durante el gobierno de Iván Duque. El mensaje del grupo armado fue esperanzador incluso para el mismo mandatario progresista, quien hace una semana indicó que después del 7 de agosto —día de su posesión— reanudará la mesa de diálogos.

Organizaciones sociales, indígenas y representantes ante el Congreso de la República consultados por Infobae Colombia toman esta reanudación de los diálogos de paz como un hecho alentador no solo para el cese del conflicto en las regiones, sino también para el desarrollo del sector agro, el respeto de los derechos humanos, la no instrumentalización de mujeres y niños dentro de la comisión de delitos, etc.

Asimismo, los expertos abordados analizaron la viabilidad de realizar un acuerdo de paz en el Gobierno del presidente Petro. El senador Iván Cepeda indica que los diálogos dependerán mucho de los ritmos que haya en la mesa de conversaciones. “Lo real es que hoy el Ejército de Liberación Nacional ha expresado su voluntad de reanudar los diálogos que estaban en curso bajo el gobierno del expresidente Santos y ahora con el presidente Petro. Ya hay serios avances y eso puede contribuir seriamente a que se logre un acuerdo”, señala el parlamentario electo.

En ese sentido, Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz —Indepaz—, organización que también le ha hecho estricto seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, indica que la oportunidad de concretar unos diálogos de paz con esta guerrilla es “única”, y reitera que las intenciones de Petro son retomar la mesa desde el punto en que fue levantada; es decir, no comenzar desde cero.

La dejación de armas y el cese al fuego bilateral es una de las cáscaras que deberán afrontar ambas partes, y sobre eso, González precisa que, “ya hay un documento bastante avanzado para un cese de hostilidades, de modo que pueda haber conversaciones sin el ruido de las armas, porque es muy difícil el proceso si no hay un cese bilateral, entonces ese debe ser el punto de partida”.

“Vemos con mucha esperanza iniciar nuevamente estos acercamientos con el propósito de ponerle fin a un conflicto armado con el ELN, uno que se ha ido irradiando a los territorios indígenas”, manifesta la mayora Carmen Gembuel, autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca —CRIC—, organización que, junto con algunas de Nariño, Norte de Santander, Putumayo y otros departamentos donde habita esta población, han sido víctimas directas del conflicto armado.

De hecho, según el Registro Único de Víctimas, 251.494 indígenas han sufrido afectaciones por la guerra interna, eso sin contar aquellos que fueron atacados después de la firma del acuerdo con las extintas FARC, incluyendo la masacre de tres integrantes del pueblo awá en Nariño, entre ellos un gobernador suplente, o el ataque a la vivienda de Ermes Pete, representante territorial a la Cámara del Cauca. De esos hechos parte la necesidad del cese al conflicto con esa guerrilla, para garantizar la paz en los territorios afectados y los resguardos.

Sumado a esto, la mayora Carmen menciona que, “cerramos el 2021 con una estadística muy alta con relación a asesinatos a líderes sociales, en su mayoría indígenas acá en el departamento del Cauca”. y reitera que, bajo el crítico escenario, retomar los diálogos en el gobierno entrante se vuelve un hecho alentador para quienes padecen la violencia en las zonas rurales del país.

Ahora, vale resaltar que tanto el CRIC como otras organizaciones indígenas estarán dispuestas a ayudar en la construcción del posible acuerdo que se logre con el grupo guerrillero, y de acuerdo con la autoridad del consejo regional del Cauca, “nosotros siempre vamos a pedir verdad, justicia, reparación, y en ese ejercicio estamos esperando que se hagan esos acercamientos y nosotros, como consejo regional indígena le apostamos a seguir tejiendo nuevas propuestas en pro de buscar la paz que necesitamos”.

La participación de los pueblos indígenas será determinante en la consolidación de un acuerdo de paz con el ELN en el gobierno entrante, y en ese sentido, no solo el CRIC ha manifestado su apoyo a la fórmula Petro-Márquez en los avances de la mesa de negociación. La Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC— indicó el 14 de julio que el pasado 9 de mayo se habían reunido con el entonces candidato para entregarle unas propuestas programáticas en caso de que fuera elegido como presidente de la República.

En dicho encuentro, el ahora presidente electo que tanto las organizaciones indígenas como la Iglesia católica deben ser partícipes de la ‘paz grande’ que también incluye el acuerdo con el ELN y el sometimiento a la justicia de otros actores armados ilegales y paraestatales.

“En el caso de nuestra organización nacional, ONIC, vamos a responder desde el día de hoy públicamente: estamos dispuestos a ser mediadores de paz. La guerrilla del ELN ha dicho que quiere dialogar con el Gobierno de Gustavo Petro, también hay exploraciones avanzadas con actores armados negociación”, indicó a través de un comunicado el secretario general de la organización, Gerardo Jumi Tapia.

León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, concuerda con Camilo González en que el gobierno Petro necesita tener en cuenta los avances dejados por los mandatarios anteriores, sobre todo Santos.

“El ELN está en la idea que a partir de lo que ya habían hablado con Santos, se empiece desde ahí, porque ya hay una agenda. Hay un cese de hostilidades acordado en un 80 %, yo supe de eso en La Habana a pocos días de culminarse ese gobierno”, señala el también columnista de Infobae Colombia. Y en ese orden, también hay que tener en cuenta la designación de Tulio Gilberto Astudillo —alias Juan Carlos Cuéllar— como gestor de paz para seguir esos diálogos en el gobierno de Iván Duque.

“Él puede participar a nombre del propio ELN en el Gran Acuerdo Nacional que ha convocado Petro para ir adelantando las cosas porque ahí está adelantando el diálogo que siempre se pide con ese grupo, de manera que ese sería un paso que se podría dar inmediatamente”, añade Valencia. Incluso, es enfático en decir que uno de los objetivos del gobierno Petro es buscar un acuerdo con esa guerrilla dentro de su primer año de gobierno.

“El Acuerdo de Paz depende de la guerrilla en un 80 %”, comenta el analista.

Gustavo Petro ha manifestado su intención de conformar desde un gabinete de paz hasta una cartera enfocada en este tema para darle cumplimiento al acuerdo de 2016 y concretar otros que se hagan por la vía del diálogo o a través del sometimiento por vía legal. Reinaldo Villalba, vicepresidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo —CAJAR— ve con buenos ojos esta propuesta y, en ese orden, el ELN también en la búsqueda de un consenso general.

El abogado consultado por Infobae Colombia indicó que, una vez conformado dicho gabinete, “debe trazar un plan inicial de contacto con el ELN, ponerse de acuerdo sobre lo fundamental con esta guerrilla y empezar las negociaciones”. Asimismo, señala al igual que León Valencia, que ello debe concretarse en un lapso corto.

“Yo creo que no hay que perder tiempo, es decir, conformado el gabinete, se deben trazar algunas directrices para esa negociación y entrar directamente a conformar la mesa”. La mayora Carmen Gembuel, del CRIC, también indica que debe concretarse la mesa lo más pronto posible una vez Petro y Márquez se posesionen como presidente y vicepresidenta.

“El Gobierno de Gustavo Petro ha dado unas indicaciones con relación a poder apuntarle, en 100 días, a unas reformas estructurales en cuando al marco normativo. Creeríamos que todo el equipo y las organizaciones se concentrarían en esas reformas y una de esas expectativas están, precisamente, sobre esos acuerdos de paz”, señala la autoridad indígena. También, añade que en un segundo año de gobierno sí se “entraría de lleno” en la consolidación de un acuerdo de paz.

Iván Cepeda también advierte que “se debe avanzar cuanto antes en este proceso” y señala de paso que Petro, desde su campaña, ha sido explícito en construir una Paz total, “así que uno de los factores que va a determinar también los ritmos y el desarrollo del proceso es que también se puedan avanzar en otras conversaciones y temas, como el acuerdo logrado en 2016 y el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y de las oficinas del narcotráfico” con el objetivo de impedir el avance del escalamiento de la violencia en el país.

El primer acercamiento que tuvo ese país con la búsqueda de la paz en Colombia fue durante el gobierno de César Gaviria —1990-1994—. El expresidente Carlos Andrés Pérez facilitó los diálogos en Caracas entre el Estado colombiano y varias guerrillas. De hecho, el expresidente Juan Manuel Santos habla sobre este suceso en su libro La batalla por la paz.

El exmandatario precisa que, en medio de la intensa guerra vivida entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales, “el gobierno de Gaviria intentó el diálogo con las guerrillas que por esta vez obraron de forma conjunta, agrupadas en la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Allí estaban las Farc, el ELN y la fracción remanente del EPL”.

También, detalla que esas conversaciones se llevaron a cabo en tres etapas que se efectuaron sin un cese al fuego ni de hostilidades: “la primera, de carácter exploratorio, fue en mayo de 1991, en el municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca (...) la segunda etapa se cumplió en Caracas a partir de junio de 1991 y la tercera se realizó en Tlaxcala, México, a comienzos de 1992″. Los diálogos se cayeron en octubre de ese año.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder, la ayuda de Venezuela creció y la gran prueba fue el espaldarazo entregado a los diálogos con las desaparecidas Farc, además de sus intervenciones en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez para facilitar acuerdos humanitarios para la liberación de secuestrados.

Bajo esa mirada, Camilo González manifiesta que tanto Cuba como Venezuela han apoyado a Colombia en los procesos de paz recientes. Incluso, enfatiza sobre esta última nación que “una negociación cierra todas las hostilidades, y sobre todo que se tranquilice la frontera, porque ha sido una muy porosa y ha sido objeto de tensiones que nos llevaron a vivir esta problemática”.

En esa medida, dice que si bien hay otros factores de discordia en materia económica y de derechos humanos, “pero una dinámica de conversaciones y cese de hostilidades va a permitir unas relaciones más tranquilas entre los dos países”.

El programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez menciona que “para que podamos transitar hacia una era de paz, Colombia debe brindar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la mujer y las diversidades de género en el marco del conflicto social y armado”. Sumado a esto, vale señalar que el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 tiene un enfoque especial de género, de manera que las mujeres y personas LGBT+ tengan prioridad en materia de créditos para el acceso a la tierra y acceder a los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Teniendo en cuenta lo pactado en los diálogos con las extintas Farc, se requiere el mismo enfoque de género con el ELN. Esa es una de las peticiones que hacen desde movimientos como Causa Justa, también para que las mujeres tengan derecho sobre sus cuerpos en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Juliana Martínez, vocera de esta organización, menciona que el informe final de la Comisión de la Verdad y el capítulo de género —el tomo 3 aborda de manera explícita y concreta la violencia sexual y otras afectaciones contra mujeres y población LGBT+ durante medio siglo de conflicto— marca un precedente importante con respecto al reconocimiento de las múltiples violencias contra las mujeres.

“La guerra se expresó en el cuerpo, la vida e identidad de las mujeres de manera distinta a la forma en que vivieron los hombres la guerra”, indica Martínez, apuntando sobre el Auto 092 de la Corte Constitucional —en el que se adoptan medidas para la protección de mujeres víctimas de desplazamiento por razón del conflicto armado— y los riesgos de género que aún se presentan.

La integrante de la Mesa por la Vida advierte que tales peligros “continúan en la manera que se da hoy el conflicto en Colombia. Por ejemplo, el hecho de que la violencia sexual sea una estrategia de guerra para el despojo o para hacer que las mujeres dejen de participar activamente de las organizaciones sociales”.

“La guerra en sí misma es una institución patriarcal que privilegia la violencia sobre el diálogo” expresa la vocera, y en ese sentido manifiesta a este medio que se deben crear diálogos sabiendo la trascendencia del rol de la mujer en ese proceso. Además, otra ventaja del cese de hostilidades en los territorios permite a las mujeres en esas zonas tener acceso a sus derechos sexuales y reproductivos.

Martínez expone que “donde hay presencia de actores armados, hay mayores riesgos de vulneración a los derechos humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos, dentro de estos la Interrupción Voluntaria del Embarazo” y que bajo ese panorama, se puede dar cumplimiento en los territorios a la sentencia C-055 de la Corte Constitucional que permite la realización del aborto hasta la semana 24.

Para Villalba, del Cajar, movimientos que en el gobierno Petro serán oposición —como el Centro Democrático— también cuestionarán el proceso de paz que se va a adelantar con esta guerrilla. Por eso, advierte que este y otros sectores afines “han estado históricamente contra los procesos de paz y que favorecen a quienes, gracias al conflicto armado también han acumulado enorme riqueza”.

Sin embargo, señala que con respecto a 2016, actualmente hay más personas comprometidas con el desarrollo de diálogos con actores armados y una de esas razones fue la oposición que se le hizo al Acuerdo Final con las Farc desde el mismo gobierno Duque.

Iván Cepeda también se muestra optimista con respecto al respaldo de los diálogos; de hecho, el Gran Acuerdo Nacional podría ser determinante a la hora de que la gran mayoría de partidos los apoyen. “Hay que decir que, a estas alturas, prácticamente todas las vertientes políticas han expresado su intención de participar en esos diálogos para llegar a un acuerdo nacional, y si eso se logra, por supuesto que el proceso de paz con el ELN, pero también con los demás factores de violencia, podrá ser adelantado con un fuerte respaldo político, social y de sectores económicos”.

Vale mencionar que la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, mencionó durante la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad ante el Consejo de Seguridad de la ONU que, “las mujeres tenemos la capacidad de construir fuentes de entendimiento para la búsqueda de consensos que permitan no solamente lograr una paz verdadera, legal y sostenible, sino contribuir con la voz femenina para que el mundo tenga mayor progreso”.

Dichas palabras, así como el respaldo que mostró a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y los mensajes emitidos por el actual gobierno ante la comunidad internacional, son contrarios a la realidad del país, según Villalba.

“En sus discursos dicen una cosa contraria a lo que finalmente hacen al interior del país: afuera en los espacios internacionales dicen que están comprometidos con la paz y que están implementando el Acuerdo de Paz, cuando sabemos que lo desfinancian, que se roban los dineros destinados a la paz”, añadiendo que más que el pronunciamiento de Ramírez ante el estrado multilateral, se deben tener en cuenta los hechos que realice.

SEGUIR LEYENDO: