Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 95 miembros de la comunidad indígena Awá

La masacre perpetrada en Tumaco, donde tres integrantes del resguardo indígena Awá Inda Sabaleta fueron asesinados, incluyendo Juan Orlando Moreano, gobernador suplente del territorio, fue el detonante para que esta comunidad alzara su voz ante el país sobre los frecuentes hechos violentos en su contra en diferentes departamentos del país.

Cauca, Nariño y Putumayo han sido territorios donde grupos armados han generado afectaciones contra comunidades indígenas, entre ellas la Awá. De ahí surge el malestar de esta población contra la desidia institucional y las constantes advertencias y llamados de atención que no se han tenido en cuenta.

Son varias las alertas emitidas no solo por entidades como la Defensoría del Pueblo, sino también por oenegés como la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que recientemente hizo un fuerte pronunciamiento sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad Awá. Asimismo, indican que desde la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc, han ocurrido 95 asesinatos de integrantes de esta población.

En ese sentido, la comisión indica que actualmente, ante la Agencia Nacional de Tierras existen 1.450 procesos agrarios para los pueblos indígenas y 1.606 procesos de solicitudes de ampliación, saneamiento y constitución, y aunque el conflicto armado es uno de los argumentos para la no garantía de la seguridad jurídica de los pueblos indígenas, mencionan que esa no es una razón “para garantizar los derechos territoriales de los pueblos”.

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Dentro de esos 95 asesinatos contra miembros Awá hay que añadir el caso de Jorge Eliécer Mejía, quien ejercía como integrante de la Guardia Indígena —Kiwe Thegna— en el resguardo La Concepción. Según primeras versiones, el joven de 25 años fue asesinado cuando estaba en un establecimiento público del centro poblado de Mondomo. Allí llegaron varios hombres armados que lo abordaron, lo sacaron del lugar a la fuerza y le dispararon en plena vía.

Sumado a este hecho, la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá —UNIPA— advierte que en 2022 se han presentados cuatro hechos de desplazamiento contra integrantes de esta comunidad, donde un total de 1291 personas fueron despojadas de sus tierras por enfrentamientos entre actores armados legales e ilegales.

Autoridades de este pueblo llegaron a la capital del país para pedir protección de los derechos humanos de esta comunidad ante la oficina de la delegada de derechos humanos de la ONU para Colombia. Son más de 25.000 personas las que hacen parte de esta comunidad que habitan en 32 resguardos ubicados en zonas fronterizas con Ecuador, y justamente el consejero de la UNIPA, Floriberto Canticús, llegó a Bogotá para pedir protección para los suyos.

En diálogo con Noticias Uno, la autoridad indígena detalló que “se han podido identificar —bandas como— Los contadores, el frente Oliver Sinisterra, el grupo residual Urias Rondón, el frente 30 —de las disidencias de las extintas Farc—” y que, en ese orden, hay tantos grupos en esa zona que queda difícil identificar a uno u otro.

En respuesta, Juliette de Rivero, alta comisionada para los derechos humanos, anunció que irá a los reguardos indígenas Awá para conocer directamente los riesgos que sufren por razones del conflicto. Asimismo, indicó al medio citado que viajará a Nariño para hablar con las autoridades indígenas, “porque estamos preocupados por esta situación y queremos ver qué medidas se pueden adoptar para proteger a la población civil”.

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