Procuraduría inicia indagación previa por posible omisión de la seguridad ciudadana en Tibú, Norte de Santander

El jueves 14 de julio se conoció un video que registra el momento en el que un grupo de cinco encapuchados fuertemente armados, identificados como miembros del Frente 33 de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, aseguran, frente a la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, que se encontraban “brindando seguridad” a los ciudadanos de esta localidad, ubicada en la región del Catatumbo.

Un día después que se conociera esta grabación, que fue rechazada por el Gobierno nacional, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa para determinar la responsabilidad de los funcionarios por una posible omisión en la seguridad ciudadana de este municipio ubicado al noroccidente de Colombia, en la región fronteriza con Venezuela.

En ese sentido, el procurador regional, Libardo Álvarez, solicitó a las autoridades municipales y regionales, así como a la fuerza pública, “cumplir con su función constitucional y legal de defender los derechos y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, señalando que el Ministerio Público ya había instado a las autoridades a reforzar la seguridad de esta zona por las recurrentes amenazas registradas en los últimos días.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que mantenía vigente la alerta temprana para el municipio de Tibú por la presencia de varios actores armados ilegales como los grupos residuales de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejercito Popular de Liberación (EPL) que amenazan a la población del casco urbano y las zonas rurales afectando sus derechos.

“Rechazamos que hombres armados transiten con prendas camufladas y armas por las calles del municipio de Tibú en Norte de Santander, una zona que históricamente ha sido afectada por el conflicto. Este tipo de situaciones pone en riesgo a la población civil y genera zozobra, ya que los ciudadanos ven estos actos como una forma de intimidación por parte de los actores armados”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Asimismo, expresó su preocupación ante estos hechos y le solicitaron respeto a la institucionalidad del Estado y el respeto por la vida, la integridad y la libertad personal, la libre circulación, la libertad de residencia, entre otros derechos de la población que se encuentra en esta región afectada por el conflicto armado.

“Reiteramos nuestro llamado a toda la institucionalidad del Estado a seguir avanzando en las recomendaciones que hemos hecho a través de nuestras alertas tempranas para la región del Catatumbo”, concluyó el defensor Camargo.

Este hecho se registra una semana después de que hombres armados irrumpieran en algunos establecimientos comerciales del mismo municipio para hacer requisas y hasta pedir documentos. De hecho, una inspección realizada en un billar se dio a escasas cuadras de la estación de policía.

Según denunciaron los habitantes del municipio, cerca de la frontera colombo-venezolana, este establecimiento se ubica a pocas cuadras de la estación de policía, que según contaron, no hizo presencia por el sector en ningún momento.

“Conocimos sobre esa acción de uno de los actores ilegales que opera en el municipio, que hizo presencia en el casco urbano, al parecer, haciendo control, provocando mucha incertidumbre y miedo entre los habitantes”, declaró el personero de Tibú, John Ascanio, mostrando la preocupación que se tiene en la población, además, que demuestra la falta de presencia del Estado en esta región del país.

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