Una denuncia, hecha por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Mujeres Libres, asegura que una reclusa de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, habría fallecido por una negligencia médica, además, por la falta de atención y reacción de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Dayana Estefanía Poveda, de 25 años de edad, en la noche del 13 junio solicitó atención médica, pues un dolor de espalda la llevaba aquejando hace cuatro días. Los llamados no fueron atendidos por las guardias del INPEC ni por el cuerpo de atención del centro carcelario, que le dio unas pastillas para el dolor y le aplicó una inyección. Le dijeron que “no tenía nada, que era ansiedad” aseguran sus familiares.
“Hace cuatro días ella empezó con un dolor de espalda, entonces las compañeras de celda la apoyaban para pedirle el favor a las carceleras que le ayudarán, que la niña se veía muy mal, ellas son las que dan la declaración, que la llevaban y la atendían cómo se les daba la voluntad; que una pasta, no que más. Le dijeron lo que usted tiene es ansiedad”, declaró la madre de Dayana, Claudia Belén Serrato, en City Tv.
En este mismo medio, la hermana de la víctima, Karen Serrato, denunció que no atendían a Dayana hasta que no se hiciera cambio de turno: “Tengo el conocimiento que ella recibe dos pastas y le aplicaron una inyección, porque no había médico en el momento y mi hermana tenía que esperar el cambio de guardia para que le pudieran prestar atención médica. Me parece algo inhumano”.
Dayana estaba recluida en el Buen Pastor desde el pasado diciembre, en el patio 8, puntualmente, y falleció en la enfermería del centro de reclusión de alta
Los testimonios de los familiares coinciden con los del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Mujeres Libres, entidades que denunciaron los hechos, agregando que Dayana amaneció muerta el 14 de junio, tras la falta de atención médica:
“La mujer, en la noche del 13 de julio de 2022, expresó encontrarse en un grave estado de salud, por lo que solicitó a las dragoneantes desplazarse a sanidad para que se le prestara la atención. Según la información que nos brindan otras mujeres privadas de la libertad, la respuesta de las dragoneantes a la solicitud de la compañera fue: “¿Por qué le da por enfermarse en la noche?”, haciendo caso omiso a la insistencia de la mujer, lo que tuvo como consecuencia que el 14 de julio amaneciera muerta”.
En el comunicado denuncian que no es la primera vez que una reclusa solicita atención médica y le es negada, violando así los derechos fundamentales, los cuales deben estar garantizados por el Estado.
“De este modo, es claro que a la mujer no se le brindó atención temprana para prevenir su muerte y también, que las violencias contra las mujeres privadas de la libertad simplemente han sido ignoradas o invisibilizadas y por tanto no han recibido atención por parte del Estado Colombiano”.
Como conclusión, le exigen al INPEC que entreguen toda la información de lo sucedido tanto a la familia, como a las autoridades que van a investigar los hechos; esperando que se sancionen a las personas responsables en el hecho.
Sugieren que las guardias deberían ser personas sin armas, con preparación psicosocial y humanística, las cuales podrían comprender de una forma más adecuada la situación de las personas privadas de la libertad, las cuales, aseguran, son víctimas de indiferencia.
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