El 16 de mayo de 1998 un grupo de paramilitares de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, Ausac, asesinaron a siete personas y secuestraron a 25 más de varios barrios del distrito de Barrancabermeja, (Santander). Los ‘paras’ mataron a los retenidos durante las siguientes dos semanas y desaparecieron sus cuerpos.
En las últimas horas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la Resolución 2410 en la que advierte a los comparecientes involucrados en esta masacre que de no realizarse aportes que realmente contribuyan al esclarecimiento de la masacre, pueden ser expulsados de la jurisdicción y perder sus beneficios.
El día de la masacre, entre las 9:00 y 9:30 de la noche, cuarenta paramilitares, aproximadamente, que se transportaban en dos camiones y una camioneta pick-up retuvieron, torturaron y luego asesinaron a las siete víctimas, señaladas por supuestos vínculos con la guerrilla del ELN.
Según registró el portal Rutas del Conflicto:
“Diez cuerpos de víctimas fueron encontrados días después de los hechos, cinco fueron identificados y entregados a sus familiares por parte de la Fiscalía en enero de 2009, y quince personas más permanecen desaparecidas”, explicó el medio dedicado a explicar el conflicto armado en Colombia.
De acuerdo con la decisión adoptada por la JEP, los dos militares de alto rango involucrados en esta masacre son el teniente (r) Antonio Daza Camargo, el mayor (r) Oswaldo Prada Escobar. “Los dos han optado por mostrarse ajenos a lo ocurrido en la masacre cada vez que han rendido versiones en la justicia de paz”, se lee en la sentencia de la JEP.
Ante la JEP, Daza Camargo ha insistido en afirmar que fue el mayor Prada Escobar quien le ordenó abstenerse de actuar frente a las denuncias de un subalterno sobre homicidios cometidos en los barrios nororientales de Barrancabermeja porque de pronto podía ser una “trampa”.
Por su parte, Prada Escobar ha señalado que su omisión el día de la masacre, se debió a que no encontró al mayor Avendaño en su casa y a que tenía que atender otras novedades en el Comando Operativo Terrestre.
Ante las versiones de los dos militares, la magistrada de la JEP calificó los aportes a la verdad de los comparecientes en los siguientes términos:
“…son insuficientes e insatisfactorias para las víctimas y esta Jurisdicción, pues no hicieron ningún aporte que permitiera esclarecer por qué habiendo presencia de la fuerza pública en la zona donde ocurrieron los hechos victimizantes nada se hizo para evitarlos, no fue protegida la población civil a pesar de sus voces de auxilio, ni se realizó ninguna acción para capturar a los miembros del grupo paramilitar que los causaron, quienes tuvieron tiempo y oportunidad no solo para gestarlos, prepararlos y ejecutarlos en el lugar donde ocurrieron, sino que huyeron impunemente favorecidos por la ausencia de las autoridades que tenían el deber de actuar para preservar la vida e integridad de los habitantes de los barrios nororientales y surorientales del municipio de Barrancabermeja”.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es la organización representante de las víctimas de esta masacre y a través de un comunicado se refirieron a la sentencia de la JEP.
“Esperamos que los comparecientes contribuyan a develar toda la cadena de mando en esta masacre que incluye unidades de la Policía, la Armada Nacional y funcionarios de alto nivel de la empresa Ecopetrol. Es necesario conocer toda la verdad sobre lo ocurrido en esta masacre y en el marco de la expansión paramilitar en el Magdalena Medio para que hechos como estos jamás se repitan”.
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