Inició el traslado de reclusos en condición de hacinamiento en CAI de Tuluá

Este jueves el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, anunció que ya se inició el traslado de los reclusos del Centro de Atención Inmediata (CAI) de Aguclara, en Tuluá, hacia otros centros penitenciaros. Esto ocurre luego de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito del municipio admitiera una tutela interpuesta por la Personería para solicitar que se trasladen a 110 que vivían en condiciones de hacinamiento.

Según indicó el ministro, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya inició el traslado y se han ubicado al menos 44 personas en nuevos centros de reclusión.

“El general Tito Castellanos confirmó que 31 mujeres y 13 hombres fueron reubicados en diferentes penales a nivel regional. Se está estudiando la posibilidad que, además, el Inpec pueda ubicarlos en sitios cercanos a su lugar de origen para estar más cerca de sus familias”, dijo Ruíz.

El recurso fue presentado por el personero delegado de derechos humanos del municipio, José Martín Hincapié, en contra del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Tito Yesid Castellanos, y el ministro de Justicia, luego de que un intento de motín en el CAI por poco derivara en un incendio como el que provocó la tragedia en la cárcel de Tuluá.

La tutela también buscaba que no se le vulnerara a los reclusos los derechos al debido proceso y a la justicia, además de que “se les permita concurrentemente el goce y disfrute de sus derechos inherentes a la dignidad humana que tiene por mandato constitucional”, se lee en el recurso interpuesto.

De acuerdo con Hincapié, a los reclusos se les estaba vulnerando los derechos a la salud, a la familia, a la seguridad física, a la protección de la vida y al acceso a los mínimos vitales de salubridad, alimentación, tratamientos psiquiátricos y visitas conyugales. Además, el recurso también solicitaba “prevenir al Inpec para que no vuelva a incurrir en fraude a resolución judicial por no cumplir las órdenes de encarcelamiento emitidas por jueces”.

Menos de una semana después de la tragedia en la cárcel de Tulúa, en la que más de 50 reclusos fallecieron y otros 30 resultaron heridos, por poco ocurre un hecho similar en el CAI del mismo municipio.

Una mujer recluida en el sitio prendió fuego a su ropa al interior de una de las celdas. Se produjo un incendio que no puso en riesgo a ningún recluso porque fue controlado a tiempo. Al conocer lo sucedido, funcionarios de la Personería se trasladaron hasta el lugar y conocieron las condiciones que motivaron la acción de tutela.

Había un hacinamiento total, pues había entre 10 y 15 reclusos por celda. Además, sus fuentes de energía eran empíricas, lo que les representaba un gran peligro. Las baterías sanitarias estaban separadas solo por una cortina y eran usadas por todos en la celda. Cabe mencionar que todos ellos debían estar en centros penitenciarios, no en un CAI.

“Las condiciones no son aptas y violan la dignidad humana. En diferentes oportunidades hemos insistido ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la necesidad de recibir a los detenidos que están en el CAI Aguaclara. Los jueces de la República han ordenado que sean internados en centros penitenciarios”, dijo el personero Hincapié en ese entonces.

Por eso, la Personería solicitó el traslado de los reclusos hacia centros penitenciarios. “Este llamado que realiza el Ministerio Público es de carácter urgente ante la violación inminente de los derechos humanos de los reclusos”, dijo la entidad en un comunicado.

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