Policías que habrían secuestrado y asaltado a un comerciante de San Andresito quedaron en libertad por vencimiento de términos

Los patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, quedaron en libertad por el juez primero penal de conocimiento de Bogotá, a quienes se les había imputado por los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado.

En la audiencia se revisó el recurso de apelación presentado por la defensa de Fabián y Erwin, en su decisión, el juez consideró que transcurrieron 244 días desde la presentación del escrito de acusación, los cuales superan el término de 120 días que establece el Código de Procedimiento Penal.

Estas demoras recaen sobre la Fiscalía General, que ha demorado la presentación de las pruebas durante las audiencias preparatorias y no ha aclarado varias dudas del escrito.

La imputación se llevó al escrito de acusación presentado por la fiscal María Teresa Polanía, señaló los presuntos hechos delictivos ocurridos en enero de 2021 donde en medio de un supuesto operativo de requisa habrían hurtado a un comerciante del sector de San Andresito por $753 millones que llevaba en un maletín, señalándole que ese dinero era producto de actividades ilícitas.

En este proceso están siendo investigados, también, los dos uniformados, el mayor Andrés Alberto Salazar Barreto, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Cabe resaltar que, el fallo de primera instancia de un juez de control de garantías que, en marzo de 2022, negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos que hicieron los abogados de los dos patrulleros.

Los dos patrulleros interceptaron al sujeto en inmediaciones al centro comercial San Andresito de San José, ubicado en la calle 10 con carrera 20 en el centro de la capital. Después lo amenazaron con llevarlo hasta la estación de policía puesto que tenían información sobre el dinero.

Los policías procedieron a llamar a un superior, que se presentó como el capitán Edwin Jovanny Cardona Ramírez y tras amenazarlo con un proceso penal, dio la orden a los agentes que procedieran según ordenaba la ley. Luego, los patrulleros lo montaron en un taxi y lo llevaron a diferentes lugares, después de varias horas, el comerciante fue trasladado a una estación de servicio ubicada en la calle 26, occidente de Bogotá.

El comerciante sintió presión cuando al lugar apareció un sujeto que se presentó como el mayor Nelson Ríos, quien le aseguró que le iban a abrir un proceso por lavado de activos y narcotráfico. Se ordenó el traslado del comerciante a las instalaciones de la Sijín, y por esta razón fue montado en una camioneta. Durante el camino se le insistía al comerciante en contar toda la verdad y de contactar a la persona que le había entregado el dinero.

Por lo anterior, pararon en un puesto ambulante y le dijeron que llamara para arreglar toda la situación. En medio de la llamada, la camioneta huyó con los policías y una moto que los estaban escoltando se fugaron con la maleta con el dinero en efectivo.

Las placas del vehículo y la denuncia realizada por el comerciante fueron clave para ubicar e identificar a las personas que habían participado en el delito.

La investigación reveló que el verdadero nombre del mayor era Andrés Alberto Salazar Borrero, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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