Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue entregado en Apartadó (Antioquia) el informe ‘Mujeres: cuerpos y territorios despojados en el Bajo Atrato’, construido por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Este informe da cuenta de las violencias de género relacionadas con el derecho a la tierra y al territorio, ejercidas contra mujeres de los municipios de Carmen del Darién, Riosucio y Unguía, en el Bajo Atrato chocoano.
El periodo de tiempo contemplado en este informe es de diez años, desde 2011, fecha en que inició la política de restitución de tierras como parte central de lo contemplado en la Ley 1448.
De acuerdo con la investigación realizada por ambas organizaciones sociales, se implementaron estrategias para el despojo, vaciamiento y apropiación de los territorios de las comunidades del Bajo Atrato, por parte de terceros y grupos armados al margen de la ley, que incluían amenazas, violencias físicas, desplazamiento forzado, violencia sexual y control sobre el comportamiento y afectaciones generadas a mujeres y sus territorios por estas violencias.
Una de los hallazgos presentados en el informe ‘Mujeres: cuerpos y territorios despojados en el Bajo Atrato’ da cuenta de que las mujeres de esta zona del país han construido el territorio desde sus cuerpos.
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“Han luchado y resistido, y lo siguen haciendo a pesar de los enormes riesgos, las graves violaciones a los derechos humanos y el abandono estatal, situaciones todas que se han ejercido sobre ellas y las personas de sus comunidades. Han creado sus propios mecanismos de afrontamiento y resistencias a partir de sus experiencias, capacidades y fortalezas”, se lee en el informe entregado a la justicia transicional.
De acuerdo con el subdirector del Cinep, el informe también se convierte en un elemento que evidencia el subregistro de denuncias ante las instituciones por la debilidad de los sistemas de información, la falta de confianza en las instituciones, su nula presencia, el alto riesgo de revictimización por denunciar y la naturalización de las violencias.
“En este momento las más afectadas por la violencia en el Bajo Atrato están siendo las niñas y adolescentes, a razón de la lucha por la tierra y el fuerte control social y territorial que generan actores armados de distinta índole y terceros ajenos al territorio que hacen uso y usufructo de la misma de forma ilegal”, aseguró Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep.
En las conclusiones entregadas por el Cinep y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se resalta “el gran esfuerzo realizado por las mujeres para la construcción de este informe y sus ganas de seguir aportando a la paz, pero también de consolidar una red de apoyo entre ellas mismas como defensoras de la tierra y el territorio en el Bajo Atrato, como resultado de los espacios y actividades desarrolladas”.
Finalmente, hicieron un llamado al Estado colombiano para que ponga la mirada en esta subregión del país, en las comunidades étnicas que lo habitan, y sobre todo en las mujeres desde su rol y desde las violencias e inequidades que sufren a diario, entendiendo a los territorios como constitutivos de sí mismas y brindando las garantías para el goce efectivo de sus derechos colectivos e individuales.
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