En 2022, unos 650 menores de edad han cruzado de Venezuela a Colombia sin acompañantes; algunos podrían ser víctimas de trata

Según el secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de Norte de Santander, Víctor Bautista Olarte, alrededor de 650 venezolanos menores de 18 años han sido vistos deambulando solos por el departamento durante 2022. Según el funcionario, a los menores se los ha redirigido a Migración Colombia y la Policía Nacional, quienes se ponen en contacto con sus familiares para que puedan volver a Venezuela a salvo.

En ese país hay una crisis económica y política desde hace años, la cual ha causado que 1,84 millones de venezolanos se refugien en Colombia. Según Bautista, un 45 % de esos migrantes son menores de 14 años; la mayoría de ellos atraviesan la frontera solos, sin documentación y a través de las trochas.

Entonces, daría la impresión de que algunos de estos menores de edad decidieron viajar por su propia cuenta y se les debería recibir sin más. No obstante, una investigación reciente daría cuenta de que algunos menores habrían llegado al país mediante manipulación y redes de trata de personas, que incluso estarían utilizando a otros menores como señuelo.

La investigación fue adelantada por el medio local Diario de Los Andes, del estado Táchira, junto con la red de periodistas de investigación Connectas. Su hallazgo más sensible es la existencia de los niños arrastradores: menores de edad que atraen a otros para que crucen la frontera y queden en manos de explotadores sexuales y laborales.

De 2020 a 2021, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio venezolano de Bolívar recibió a nueve menores de edad repatriados, víctimas de explotación sexual, captados por otros menores. El exalcalde de ese municipio, William Gómez, también habló sobre dos casos de adolescentes que fueron sorprendidos tratando de pasar a cuatro menores de edad por el Puente Internacional Simón Bolívar. Desde Colombia se identificaron cinco casos más en el mismo periodo.

Los niños arrastradores se aprovechan de la confianza que producen al tener la misma edad de las potenciales víctimas, niños que viven en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a alimentación digna ni servicios básicos. Estos menores instrumentalizados vuelven a los sitios donde vivieron y convencen a sus pares de irse de casa sin avisar a sus familias. Les prometen que al otro lado de la frontera recibirán teléfonos de alta gama, trabajos bien remunerados y la posibilidad de enviar remesas a sus familias.

Una vez los niños pasan la frontera, les prohíben contactar a sus familias para pedir ayuda: los amenazan con atentar contra sus vidas o denunciarlos con Migración Colombia para que los deporten. Al percibir que la institucionalidad va a perjudicarlos, deciden callarse.

Marina Duque, periodista venezolana que dirigió la investigación, afirmó que “son menores para explotarlos sexualmente, son para explotarlos laboralmente, son niños que son usados además, como cámaras humanas, como vigilantes”.

Aunque no puede asegurarlo, la investigadora recibió denuncias de que algunos funcionarios base —no las directivas— de las instituciones encargadas de frenar situaciones como esta reciben dinero a cambio de su silencio.

“Varias personas nos dijeron que veían cómo pagaban por pasar. Se sabe que hay corrupción. Nosotros contamos allí en medio de la investigación lo que ocurre de este lado en Venezuela. Algunos funcionarios le cobran a estos menores que ven y que no van acompañados, y que además no tienen permiso para viajar, entre 10 y 20 dólares de impuesto”, señaló.

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