Condenado soldado del Ejército Nacional por tráfico de armas

Un soldado del Ejército Nacional fue privado de la libertad por el delito de tráfico de armas. Se trata del militar identificado como Gerley Yosney Vega Díaz, que cumplía servicio en el cantón ubicado en el municipio de Tame, Arauca.

Luego de que se avalara el preacuerdo que hizo el soldado Vega Díaz con la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó al militar a siete años y cuatro meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los hechos, de acuerdo con lo reportado por las autoridades, ocurrieron el 6 de agosto de 2019, cuando Gerley Yosney Vega Díaz pretendía abandonar el cantón del Ejército para cumplir un permiso que se le había concedido.

Según la Fiscalía, antes de salir del lugar otros militares, que estaban a cargo de la vigilancia del establecimiento de la institución, lo requisaron y revisaron lo que llevaba en su equipaje.

En el procedimiento que es común en ese tipo de lugares, los miembros del Ejército Nacional se percataron de que el soldado pretendía sacar del lugar un cargamento que no estaba autorizado.

De acuerdo con el ente investigador, al validar la salida a su permiso, al soldado Gerley Yosney Vega se le hallaron seis proveedores para fusil con 234 cartuchos calibre 5.56 milímetros escondidos dentro de una cobija que era de su propiedad.

Al establecer que el militar tenía como objetivo sacar el cargamento de manera irregular, pues no contaba con ningún tipo de autorización y además intentó esconder las armas, los miembros del Ejército lo capturaron para posteriormente presentarlo ante las autoridades correspondientes.

Tras ser condenado por esta conducta, el soldado fue trasladado al Batallón de Ingenieros No. 18 Rafael Navas Pardo de Tame, Arauca, donde estará detenido hasta que cumpla la pena que le impuso el juez.

Seis policías capturados por vínculos con bandas contrabandistas en Cúcuta

Seis integrantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta, junto con los otros cinco civiles, fueron capturados al ser relacionados con una banda criminal que se dedicaba al contrabando en la capital nortesantandereana.

Mediante las interceptaciones telefónicas y tras varios meses de seguimiento por parte de la Dijín (Dirección Nacional de Investigación Criminal), se logró recopilar el material probatorio que permitió la judicialización de estas personas.

De los policías, dos son intendentes y cuatro son patrulleros. De acuerdo con las autoridades, todos estaban ubicados en la ruralidad cercana de esa ciudad fronteriza con Venezuela. Algunos prestaban sus servicios en los corregimientos de Banco de Arena y San Faustino; mientras que otros trabajaban en la zona rural del municipio colombiano El Zulia.

Estos dos municipios tienen una ubicación estratégica y apetecible para las bandas de contrabando fronterizas. Al ser una municipalidad rural y al no tener una presencia fuerte de las autoridades de control y vigilancia, como sí ocurre en la frontera de Cúcuta, los contrabandistas usan estos lugares para el narcotráfico, el tráfico ilegal de carne bovina y el contrabando de hidrocarburos, especialmente de gasolina.

Los uniformados capturados fueron identificados como: intendente Hilardo Barajas Sierra, intendente Efraín Esteban Ruíz, patrullero Cesar Augusto Cepeda Carrillo, patrullero Marlon Esteban Quintana Peña, patrullero Yonnasklin Heivar Ibarra Castañeda y el patrullero Henry Niño Fajardo.

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