Nuevas acciones judiciales se adelantaron contra las narcoguerrillas del Ejercito Popular de Liberación (ELN) y de las disidencias de las Farc. Se trata de análisis hechos por fiscales de la Unidad Especial de Investigación que permitieron judicializar a dos cabecillas de estos Grupos Armados Organizados (GAO).
Por una parte se encuentra Alex Ferney Salazar Latorre, alias Jonatan, cabecilla del frente Guillermo Ariza del ELN, quien es acusado de cometer homicidio contra un reinsertado. La Fiscalía General de la Nación indicó: “un juez penal de conocimiento lo declaró responsable del homicidio del reincorporado Kevin Andrés Lugo Jaramillo, ocurrido el 6 de febrero de 2018, en la vereda Puerto Guamo, en Montecristo (Bolívar)”.
Por este hecho el acusado fue condenado a 20 años y 6 meses de reclusión en centro penitenciario. “En ese sentido, Salazar Latorre fue condenado por los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión. Además, deberá pagar una multa de 1.399 salarios mínimos legales vigentes”, mencionó el ente acusador en un comunicado emitido.
Otro de los criminales judicializados por las autoridades fue Wusintong Bolaños Quiñones, alias El Mono, presunto cabecilla de la comisión ‘Franco Benavides’ de las disidencias de las Farc. La Fiscalía indicó que alias El Mono, sería el responsable de cometer 5 homicidios “ocurridos en la vereda Palma de Coco, en Olaya Herrera (Nariño), entre el 13 y 17 de marzo de 2021″.
Bolaños Quiñones, alias El Mono, actualmente se encuentra privado de la libertad por su presunta responsabilidad en la muerte y desaparición de seis personas en la vereda La Pampa, en Mosquera departamento de Nariño. El ente acusador indicó que el acusado será juzgado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y concierto para delinquir agravado.
Sobre más información judicial fue condenado un soldado por tráfico de armas: el uniformado del Ejército Nacional fue privado de la libertad. Se trata del militar identificado como Gerley Yosney Vega Díaz, que cumplía servicio en el cantón ubicado en el municipio de Tame, Arauca.
Luego de que se avalara el preacuerdo que hizo el soldado Vega Díaz con la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó al militar a siete años y cuatro meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los hechos, de acuerdo con lo evidenciado en las investigaciones judiciales, ocurrieron el 6 de agosto de 2019, cuando Gerley Yosney Vega Díaz pretendía abandonar el cantón del Ejército para cumplir un permiso que se le había concedido.
Según el ente acusador, antes de salir del lugar otros uniformados que estaban a cargo de la vigilancia del establecimiento de la institución, lo requisaron y revisaron lo que llevaba en su equipaje.
En el procedimiento que es común en ese tipo de lugares, los miembros del Ejército Nacional se percataron de que el soldado pretendía sacar del lugar un cargamento que no estaba autorizado.
“El condenado fue capturado en flagrancia el 6 de agosto de 2019 por uniformados del Ejército Nacional en el municipio de Tame (Arauca), cuando se disponía a salir del cantón militar a disfrutar de un permiso”, señaló la Fiscalía General de la Nación.
Según el ente investigador, al validar la salida a su permiso, al soldado Gerley Yosney Vega se le hallaron seis proveedores para fusil con 234 cartuchos calibre 5.56 milímetros escondidos dentro de una cobija que era de su propiedad.
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