Propuesta de la ministra de Cultura afectaría a los más pobres, aseguran operadores de telefonía celular

La reforma tributaria es el primer proyecto del gobierno de Gustavo Petro, para ajustar las finanzas del Estado y sus propuestas sociales. Al álgido debate se sumó un nuevo componente desde la cartera de Cultura, por la futura ministra Patricia Ariza, quien propuso que se incluya un impuesto a los planes de telefonía móvil para aumentar el presupuesto del sector.

Según lo expuesto a los congresistas del Pacto Histórico durante el retiro programático de la bancada en Medellín, el impuesto del 4 % se extendería los planes de telefonía celular que cuesten más de 38.000 pesos más IVA, que daría una tarifa de 47.000 pesos. Actualmente, ese IPO consumo solo se cobra a los que superan los 152.000 pesos.

“La telefonía produce un capital importante en el país, por eso el apoyo de ellos a la cultura me parece positivo. Ojalá fuera en otras instituciones porque la cultura es transversal a todo”, explicó a medios de comunicación la ministra designada de Cultura.

La propuesta, que debe ser analizada por la cartera de Hacienda y el equipo económico del gobierno Petro, despertó debate porque para algunos expertos y otros políticos, esta situación podría impactar a los más pobres y por tanto dificultar el acceso a conectividad de los más vulnerables.

“Ponerles más impuestos a los servicios de telefonía e internet móvil es dificultar el acceso a los colombianos más pobres a este servicio público esencial, que resulta fundamental para acceder a la educación virtual, a la telemedicina, al comercio electrónico”, sostuvo Samuel Hoyos, presidente de Asomovil, al programa Blu 4.0.

Según dijo Hoyos, la brecha digital se encuentra en un 48 % de hogares que no tiene acceso a internet y ese servicio, actualmente, es clave para el acceso a servicios de salud, educación o incluso trabajo y también el entretenimiento, la cultura y el comercio.

En cuanto a los planes de telefonía celular, según el diario La República, el 40 % de los usuarios tienen planes de menos de 47.000 pesos y sería más de la mitad quienes verían sus tarifas de internet móvil incrementar en caso de incluirse el impuesto en el próximo gobierno.

“El aumento del impuesto al consumo en servicios móviles de telefonía e internet, perjudica el acceso a la conectividad. Los usuarios pagamos 19% + 4% de ipo consumo”, señaló por su parte la exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez respecto a la propuesta.

Sergio Martínez, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, expresó su opinión también a través de Twitter. Aunque no señaló puntualmente la propuesta, de la próxima ministra de Cultura, reiteró que para disminuir la brecha digital en el país, se debía contemplar la carga tributaria que tienen los terminales como computadores y servicios de comunicaciones.

“Para garantizar el acceso de los colombianos a los servicios de comunicaciones, el nuevo gobierno tiene la posibilidad de analizar los beneficios de aliviar la carga tributaria que pagan los colombianos más pobres cuando consumen estos servicios que hoy en día, son esenciales”, sostuvo Martínez.

Un análisis de la DIAN sobre el Impuesto Nacional al Consumo en los servicios de telefonía de 2019 señaló que los ingresos de los hogares influyen en el valor reconocido en las declaraciones de las telefonías. “Los factores económicos que de alguna manera explican la disminución en el valor reconocido por los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil, cuya declaración se presentó en el mes de marzo de 2019, es la variable empleo “Para el mes de febrero de 2019 la tasa de desempleo fue 11,8%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (10,8%). La tasa global de participación se ubicó en 63,9% y la tasa de ocupación fue 56,4%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 63,3% y 56,5%, respectivamente”. Situación que afecta el ingreso disponible de los hogares colombianos”, sostuvo.

Como la mayoría de los impuestos al consumo, según expertos, podrían no ser equitativos y que las personas de menores ingresos terminen pagando una carga mayor que aquellos que perciben más dinero por sus actividades laborales o comerciales.

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