Muertos bilingües: Contraloría de Bogotá denuncia que 176 fallecidos ‘participan’ en programa para integración laboral

La Contraloría de Bogotá descubrió que ahora los muertos están interesados en conseguir empleo y aprender una segunda lengua. Al menos, esa sería la explicación para que al menos 176 personas fallecidas estén participando como beneficiarias de un programa distrital para la reactivación económica, enfocado en la capacitación laboral, con lo que se habría gastado $94.327.079 de pesos sin necesidad.

Se trata del programa Mejoramiento de Empleo Incluyente, liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Una de las secciones de ese programa es Empleo Joven, que buscaba generar 80 mil empleos para personas en general, 70 mil empleos para mujeres y 50 mil empleos para jóvenes. También buscaban formar a unas 50 mil personas en bilingüismo.

En 2021, esta cartera creó 91 contratos para ejecutar este proyecto. Dichos contratos, que sumaron un valor de $67.640.009.754, se financiaron con recursos del distrito, en parte provenientes de un crédito. La idea era que estos programas mejoraran las condiciones de vida de personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar y jóvenes nini, personas entre 18 y 28 años que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación laboral.

La entidad reguladora hizo una auditoría de cumplimiento sobre 18 contratos del programa, equivalentes al 94 % del presupuesto invertido en esos contratos. Luego, le pidieron a la Registraduría Distrital las bases de datos de defunciones de la ciudad para compararlas con la lista de beneficiarios.

Una vez concluida la auditoría, notaron que, además de una decena de cédulas de ciudadanía canceladas por motivos varios, las cédulas de un grupo de 176 beneficiarios ya estaban vinculadas a un registro civil de defunción. Para colmo, varias de estas personas habían sido declaradas muertas hace más de 20 años.

Por otro lado, la Contraloría descubrió que los fondos para creación de empleo que también estaban contemplados en ‘Empleo Joven’ —que ofrecían incentivos a las empresas de hasta el 55 % de los costos asociados al pago de un salario mínimo por cada empleo generado— llegaron a las arcas de diez grandes empresas, cuando el propósito original de ese dinero era ayudar a aumentar la nómina de micro, pequeñas y medianas empresas.

En segundo lugar, 29 microempresas se beneficiaron con 60 incentivos; en una de ellas se concentró el 30,8 % de subsidios entregados. Le siguen las pequeñas empresas, que recibieron 47 subsidios y en dos de estas se concentra la entrega de 21 subsidios, que representan el 44,7 %. Finalmente, la mediana empresa se benefició con 27 subsidios y en dos de estas se concentran el 51,9 % de apoyos.

El contralor auxiliar, Carlos Orlando Acuña, aseguró que envió estas evidencias a la Personería de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para que tomen cartas en el asunto. “Formuló un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por irregularidades en la ejecución del programa ‘Empleo Joven’, por incumplir las condiciones pactadas respecto a la priorización de empresas y el modelo de equidad”, concluye el comunicado.

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