JEP citó a declarar al actual comandante del Gaula Militar de Cundinamarca

El 12 de julio en la tarde, se conoció que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- citó al coronel Javier Augusto Lozano Borrero, actual comandante del Gaula Militar en el departamento de Cundinamarca, para que declare sobre los falsos positivos que ocurrieron en el departamento del Meta.

De acuerdo con la mencionado por la W Radio, el oficial fue citado a rendir versión voluntaria el 4 de agosto donde tendrá que dar respuesta por al menos 15 operaciones que están en la mira de la JEP y que también han sido documentadas por la Fiscalía General de la Nación. La razón es que para la época que fueron ejecutadas esas operaciones que afectaron a la población civil, el comandante era el jefe de Inteligencia del Batallón Pantano de Vargas.

“...aquellos miembros de la fuerza pública respecto de quienes la Sala haya recibido información en torno a su posible involucramiento en crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado no internacional y no hayan comparecido a la Jurisdicción a suscribir acta de compromiso pueden ser llamados a comparecer”, se lee en la investigación adelantada por el órgano de justicia transicional.

Además, en el documento se detalla que a causa de las malas ejecuciones de operaciones militares murieron 20 personas en acciones de la institución. Dichas actividades cuestionadas que son investigadas se produjeron entre el 7 de enero del año 2006 y el 27 de mayo de 2007.

Otro caso relacionado con el tema de paramilitarismo en el país que adelanta la JEP, fue el de exgobernador del departamento de Magdalena Trino Luna Correa, quien fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación para el ejercicio de cargos públicos por parte por sus nexos con grupos paramilitares.

La Subsala A Especial de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, estableció que el exmandatario conocido como el Delfín del Sur, quien ejerció su cargo entre 2004 y 2007, podía contribuir a esclarecer el fenómeno de la parapolítica en esta región al norte de Colombia.

“Particularmente en lo relacionado con la captación o cooptación de la administración pública por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); (ii) el control político-electoral ejercido en el departamento por esa organización; y (iii) el financiamiento y apoyo logístico prestado por actores económicos locales a las estructuras de las AUC”, señaló la justicia transicional.

A su vez, la entidad que pertenece al Sistema Integral para la Paz, junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), indicó que esta es una etapa inicial del proceso transicional, mediante la cual Luna Correa deberá continuar “ampliando, aclarando y concretando sus aportes a la verdad”, sin embargo, de entregar información falsa u omitir contribuir con la verdad, podría acarrear la expulsión de la justicia transicional.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia está juzgando al exmandatario, quien fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por sus vínculos con exjefes paramilitares como Rodrigo Tovar, alias Jorge 40 y Hernán Giraldo, alias el señor de la Sierra, como presunto coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, luego que se evidenciaran irregularidades en procesos contractuales de entidades departamentales durante su administración.

Asimismo, Luna Correa, quien alcanzó el 81 % del total de los electores y fue el único postulado para la Gobernación del Magdalena en las elecciones de 2003, por presión de los grupos paramilitares, fue condenado en 2007 por concierto para delinquir agravado, cuyos efectos se habrían extendido hasta después de dejar dicho cargo, como le explicó el exmandatario a la JEP.

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