Corría diciembre de 2016. El 4 de ese mes, Rafael Uribe Noguera, arquitecto de profesión, condujo su camioneta Nissan X-Trail color plata de placas DBO-960 a las nueve de la mañana por el humilde barrio Bosque Calderón. Una vez dentro del humilde sector, raptó a Yuliana Samboní y cometió uno de los feminicidios más desgarradores de los cuales se tiene conocimiento en la historia reciente del país.
En 2018, Uribe Noguera fue condenado a 58 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado, tras haber raptado, torturado, violado y asesinado a la menor de tan solo siete años de edad. Dos años después, se conocieron las condiciones en que el asesino cumplía su pena en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida también como La Tramacúa. Desde aquel entonces, no se supo más de este caso. Hasta ahora.
El caso que aún conmociona al país revivió por cuenta de la familia del feminicida: Laura Arboleda Wartenberg, esposa de Francisco Uribe Noguera y cuñada del condenado, solicitó a un juez la devolución del carro donde la menor fue secuestrada para después ser llevada al edificio EQ66.
Le puede interesar: En 12 regiones de Colombia persisten los riesgos de desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades
En marzo de 2021, la defensa de Arboleda Wartengerb solicitó el embargo de la camioneta y tres meses después, la fiscal 55 especializada contra la corrupción, María Lorenza del Castillo, le pidió al juez 64 penal municipal el levantamiento de la medida cautelar que ordenó el juez 79 el día que las autoridades capturaron a Rafael Uribe por el crimen. Para la funcionaria, no existía un interés patrimonial de las víctimas sobre el vehículo.
Incluso, en el acta también se menciona que el procurador del proceso determinó que la solicitud de levantamiento de la medida cautelar y posterior entrega del vehículo se ajusta al ordenamiento judicial.
El carro no era de Rafael Uribe sino de Laura Arboleda
De acuerdo con el expediente, el carro estaba registrado a nombre de la cuñada del asesino, y cuando él fue indagado sobre por qué lo iba manejando el día de los hechos, afirmó que fue porque ella se lo había vendido “pero nunca hicieron el traspaso”, de manera que su nombre aún no aparecía en el Registro Único Nacional de Tránsito —RUNT—.
Otro hecho relevante fue que en agosto de 2021, la fiscal del caso emitió una comunicación a la Defensoría del Pueblo solicitando la designación de un abogado para representar a la familia Samboní en la devolución del carro; pero a cambio la entidad le designó un defensor público para Arboleda Wartenberg.
Le puede interesar: Después de casi 30 años, desaparecidos durante el conflicto se reencuentran con sus familias en Nariño y Bogotá
Lo último que se conoce de este nuevo capítulo en el caso del feminicidio de la menor fue que en septiembre del año pasado se realizó una audiencia donde la jueza 73 penal municipal con función de control de garantías, determinó que de momento no se podía efectuar la devolución del carro porque la madre de Yuliana, Alba Nelly Muñoz, no tenía conocimiento de esta diligencia.
Sumado a eso, se sabe que el padre de la menor, Juvencio Samboní Sacanamboy, no ha sido reparado por el victimario de su hija; de hecho, jamás ha recibido indemnización alguna y actualmente vive en el Cauca, departamento donde nació.
SEGUIR LEYENDO: