Desde 2021 el Gobierno nacional había recibido alertas por posible corrupción en el OCAD-Paz

Alrededor de 500 mil millones de pesos eran manejados por el OCAD-Paz y debían ser destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz, concretamente, al fortalecimiento y desarrollo de proyectos en municipios PDET. En cambio, dichos recursos de regalías habrían sido desviados para el pago de millonarias coimas para la probación de proyectos que presentaban los municipios donde se llevan a cabo Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Ese es uno de los grandes hallazgos de la investigación hecha por los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, quienes señalaron que dicha cifra fue usada para el pago de sobornos a congresistas, funcionarios de la Contraloría y del Departamento Nacional de Planeación —DNP—. De esta última entidad, nombran a Álvaro Ardila, exdirector de regalías, Aníbal Quiroz —contralor delegado de regalías— y Juan Carlos Gualdrón, excontralor delegado para el posconflicto.

Ya el Gobierno nacional había sido alertado sobre irregularidades de presunta corrupción en el OCAD-Paz. La primera advertencia fue recibida en 2021, cuando el entonces consejero para la Estabilización, Emilio Archila, hizo un llamado para que se hicieran las pesquisas correspondientes.

En abril de ese mismo año, Secretaría de Transparencia declaró ante la Fiscalía que la Presidencia había recibido un correo en el que mencionan que a Archila “le han llegado rumores del chantaje que tiene el Dr. Ávila con algunos alcaldes que tenemos pendientes de adjudicación de recursos de los 178 proyectos que usted anunció el 18 de marzo de 2021″.

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En la misiva, se habla de denunciar a Ávila, ya que estaba pidiendo un porcentaje “del valor de cada proyecto o en su defecto el proyecto quedaría sin recursos”. Tres meses después, otro correo llegó al mismo destinatario aseverando que tanto Gualdrón como Álvaro Ávila estaban “en una cruzada de presiones e intimidaciones al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con favorable del sector” todo porque no fueron acordados con ellos el pago de coimas para la aprobación de estos.

Ambos correos fueron dirigidos por la Secretaría de Transparencia a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, solicitando saber si se estaban realizando investigaciones sobre este tema. De paso, pidieron detalles a alcaldes y gobernadores de los municipios PDET sobre los procesos adelantados correspondientes a la entrega de recursos por parte de la OCAD-Paz. Al respecto, Gualdrón indicó este lunes en W Radio que eran falsas las acusaciones sobre llamadas y presiones suyas contra alcaldes o gobernadores para exigir el pago de coimas.

Sin embargo, y a pesar de la gravedad de las denuncias provenientes de los correos, no fue sino hasta finales de junio de 2022 —casi un año después de las denuncias conocidas por los organismos de control— que el país conoció el posible desfalco a través de las indagaciones presentadas en Blu Radio. De hecho, otra de las irregularidades tiene que ver con la asignación de recursos por parte de la OCAD-Paz.

En 2019 y 2020, se asignaban solamente un billón de pesos para el desarrollo de proyectos en los 170 municipios PDET, pero en 2021, sorpresivamente fueron aprobados 4 billones. En ese sentido, mientras se tenía conocimiento de las denuncias por aparentes hechos de corrupción dentro de este órgano, fueron duplicados los recursos que habrían terminado en pagos de sobornos a varios funcionarios públicos.

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