Señalada por el delito de cohecho propio en concurso homogéneo en el llamado ‘carrusel de la contratación’, la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo Gaona recibió una pena de 120 meses de prisión, 10 años, más la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y una multa de 109.33 salarios mínimos.
Así lo confirmó el Tribunal Superior de Bogotá, ratificando así la sentencia proferida por el Juzgado 38 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el 15 de febrero de 2021 que condenó a Pardo Gaona.
Dicha condena se dio por las irregularidades halladas en dos contratos de malla vial y siete de valorización, con los cuales, se habría beneficiado a las empresas de Julio Gómez y al grupo Nule.
La defensa de Pardo Gaona apeló la decisión cuestionando la credibilidad de los testigos y señalando que había una tesis alternativa de los hechos en la que la exfuncionaria no cometió delitos. Sin embargo, los magistrados consideran que está más que probado que a la mujer le ofrecieron un porcentaje del total de los contratos “para que corrompiera, en favor de las empresas con las que existía un acuerdo criminal, los procesos de contratación de la entidad”
Pardo habría aceptado esos ofrecimientos “como corroboración de la actividad ilícita a la que se comprometió, se evidenció por diferentes medios probatorios que se materializó dicho compromiso con toda la actuación para manipular, junto con otros copartícipes, la contratación de malla vial y adjudicar en forma ilícita dichos contratos”.
Frente a la credibilidad de los testigos, los magistrados consideraron que tres de ellos dan cuenta de las reuniones de la procesada con el cuestionado contratista Julio Gómez “para torcer los procesos; ahora, que no se precise la fecha de ocurrencia o los integrantes no es un indicador de su inexistencia, sino de la multiplicidad de reuniones que existieron”.
La sentencia, respaldada por el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, señala que “de todo lo aquí expuesto se concluye, sin duda alguna, que la procesada ejecutó actos contrarios a sus deberes oficiales, con los cuales materializó los acuerdos por promesa remuneratoria que hizo en favor de terceros, entre ellos el llamado GRUPO Nule, Julio Gómez y otros”.
De acuerdo a un reportaje de La Silla Vacía, Pardo Gaona inició su carrera como asesora en temas públicos, incluyendo una asesoría a la Asamblea Constituyente de 1991 y otra a la Comisión de Presentación de la Ley 100 de 1993, de la cual el entonces senador Álvaro Uribe Vélez fue el ponente.
Luego asesoró, en las elecciones legislativas de 1998, la lista de la Fuerza Progresista del Coraje, que encabezaba Fabio Valencia Cossio y tenía como segundo renglón a Juan Manuel Ospina, quien hasta 2012 fue director del Incoder. Ambos resultaron elegidos con una gran votación que refrendó el músculo electoral de Valencia, quien fue uno de los grandes escuderos de la campaña presidencial de Andrés Pastrana de ese mismo año.
Tras ocupar varios roles, en 2007, el alcalde Garzón decidió llamarla para que ocupara la dirección del IDU, reemplazando a Margarita Cardona, en gran parte gracias al apoyo de varios conservadores en el gobierno distrital. En 2008, Samuel Moreno decidió ratificar a Pardo en su puesto, debido a las buenas referencias que tenía de su gestión.
A la fecha, Pardo Gaona se encuentra prófuga de la justicia y luce la circular roja de la Interpol.
Esta orden de captura internacional fue emitida tras solicitud elevada por los fiscales adscritos a la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia.
En su momento, la Fiscalía señaló que la exfuncionaria estaba siendo procesada por recibir comisiones de hasta de $7.500.000.000, representados en bienes y efectivo; hechos en los que también se le encuentró implicado a Miguel Ángel Morales Russi, exdirector de la misma entidad.
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