En la mañana del 10 de julio, a través de su cuenta de Twitter, y luego mediante un post en Instagram, el periodista Sebastián Nohra hizo pública una denuncia en la que señala que ha sido víctima de amenazas por su trabajo en el marco de las investigaciones que se adelantan alrededor del presunto caso de corrupción al interior del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD paz), llevadas a cabo por él y su colega Valeria Santos, para Blu Radio.
“Sabemos lo que está haciendo. Muy valiente, ¿no?”, “No siga esculcando, pelao”, fueron algunas de las amenazas que recibió el periodista a través de llamadas telefónicas. “Pare con el temita o la pagará”, le dijeron.
Varias personas han manifestado en las redes su incomodidad ante las amenazas hechas al periodista. El senador David Luna, por ejemplo, afirmó: “Solidaridad Sebastián, su valentía y profesionalismo son protegidos por miles de colombianos. ¡Fuerza!”.
El excandidato y líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, trinó: “Rechazo total a esas amenazas y mi solidaridad con usted. Llamado a las autoridades para que investiguen la amenaza. Importantísimo y valiente trabajo de periodismo investigativo han realizado en equipo con Valeria Santos”.
Mauricio Toro, el congresista, dijo: “Solidaridad y mucha fuerza. Ni un paso atrás. Necesitamos más periodistas valientes como ustedes. Abrazos”.
Por último, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, expresó: “¡Mi solidaridad ante las amenazas en tu contra! ¡Adelante! La corrupción no puede seguir siendo el pan de cada día en este país”.
A través de un comunicado, este 11 de julio, la Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre las denuncias del periodista y señaló:
1. Respecto a las denuncias conocidas por medios abiertos sobre amenazas contra el periodista Sebastián Nohra, la Fiscalía abrió una investigación de oficio y dispuso las primeras actividades de policía judicial con relación al hecho.
2. Para el desarrollo de la respectiva investigación se llamará a entrevista a Sebastián Nohra con el fin de obtener toda la información y detalles sobre lo ocurrido.
3. La Fiscalía General de la Nación reitera el compromiso de avanzar en el esclarecimiento de las conductas que pongan en riesgo la integridad de los periodistas y el normal ejercicio de su profesión.
Las denuncias iniciales sobre los malos manejos en el OCAD paz fueron obra del exconsejero para la Estabilización, Emilio Archila, que indicó el supuesto cobro de coimas por parte del secretario técnico de los OCAD, lo que condujo a que la Procuraduría abriera 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.
La entidad, mediante el Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías (SGR), está priorizando el análisis de 27 proyectos de inversión que fueron aprobados por el OCAD paz, por un valor cercano a los 437.000 millones de pesos.
Entretanto, con base en los hallazgos demostrados por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público abrió 12 actuaciones disciplinarias por el manejo de los recursos provenientes de regalías, así como por la ejecución de los proyectos OCAD por parte de funcionarios del Fondo Colombia en Paz, Invías, la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y de las administraciones municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira.
Según una investigación de Blu Radio, “solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (más de 121 millones de dólares)”.
El OCAD Paz no tenía un máximo de proyectos para asignar a cada territorio, a pesar de que debía “distribuir los recursos con equidad” y los proyectos que los alcaldes les presentaban para su financiación deberían contar con la aprobación del DNP, además de otros organismos como la Contraloría y la Agencia de Renovación del Territorio.
En la investigación, dice el reporte de Blu Radio, se señala directamente, por haber decidido sobre los proyectos que se financiaron en 2021, a Archila, a varios alcaldes, a miembros de la Contraloría y a varios congresistas del Partido Conservador, así como un exgobernador que hoy está imputado.
Los funcionarios del ente de control fiscal que harían parte del supuesto escándalo son los mismos que hacían parte de la junta directiva que firmaba las alertas de estos dineros. Según RCN Radio, se trata de Juan Carlos Gualdrón, excontralor delegado de postconflicto, y Aníbal Quiroz, contralor delegado de regalías, quienes actualmente son candidatos a la Contraloría.
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