Guardias de la cárcel de Tuluá reciben panfletos con amenazas declarándolos “objetivo militar”

El documento advierte que los dragoniantes tienen 72 horas para salir de la ciudad, por lo que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación

Imagen de archivo. Guardias de la cárcel de Tuluá reciben panfletos con amenazas declarándolos “objetivo militar”

El trágico incendio en el interior de la cárcel municipal de Tuluá, en Valle del Cauca, es objeto de investigación por parte de las autoridades, pues se reportaron 54 víctimas mortales y alrededor de 30 heridos tras el incidente. Sin embargo, hay otro suceso que se suma a las indagaciones: este lunes los guardianes del centro penitenciario manifestaron que están recibiendo panfletos con amenazas en su contra.

Desde la madrugada empezaron a aparecer los mensajes que señalaron a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como responsables del incendio. “Por medio de este panfleto declaramos objetivo militar a los guardianes del Inpec que participaron en la masacre”, dice el texto. Además, los acusan de haberse aliado con alias Brai y alias Miller, quienes habrían desencadenado la conflagración.

Estas acusaciones tienen que ver con lo expuesto por El Espectador en semanas anteriores. El incendio surgió en el pabellón 8 por la quema de colchones en un intento de motín de los reclusos; sin embargo, días después el medio de comunicación conoció que la razón detrás sería un enfrentamiento entre dos reclusos por el poder en el centro carcelario.

La disputa habría sido entre alias Brai, quien llevaba dos meses en la cárcel, y alias Miller, que tenía el poder dentro del centro carcelario. Lo que se presume es que en la noche de 27 de junio, el grupo de alias Brai “rompió las planchas de concreto que servían de cama y comenzaron a lanzar trozos contra el otro bando”, explicó El Espectador. El equipo de Miller respondió de la misma manera y su resultado es el que ya se conoce: el trágico incendio.

En los panfletos esa información fue reafirmada: “ellos —los guardias del Inpec— participaron y se aliaron con alias Brai y Miller para cometer este acto inhumano”. Seguido a ello, indicaron que la situación la advirtieron a través de Facebook y los funcionarios hicieron “caso omiso al llamado”.

Las amenazas a los dragoniantes

“Les damos 72 horas para que salgan de nuestra ciudad”, dice el panfleto y menciona a algunos de los dragoniantes de la cárcel. “Sabemos dónde el 80% de la guardia y sus familiares y vamos a retomar acciones militares en su contra”, sentencian en el documento.

También comentaron que en las instalaciones del centro penitenciario los caninos del Inpec estarían “persiguiendo a los presos, haciendo richis, les dañan las cosas y les decomisan sus pertenencias”. Por eso mismo, declararon a los perros como “objetivo militar y por tanta tortura (...) se los vamos a envenenar”.

Ante las amenazas, la Fiscalía General de la Nación asumirá las investigaciones para averiguar quiénes enviaron los mensajes y se reunirá con los guardianes amenazados. Se espera que los trasladen a otras cárceles del país en pro de su seguridad.

Cabe recordar que ante la emergencia, el Inpec está trasladando a más de 300 reclusos del pabellón 8, 9, 10 y 11 a otros centros penitenciarios por el riesgo de la infraestructura. Las amenazas a los guardianes también se dieron por esta situación. “Trasladaron a nuestro papá otra vez gracias a ustedes y por petición de los sindicatos de Tuluá, y esto no se va a quedar así”, concluyó el panfleto.

Las indagaciones por los colchones

La Procuraduría General de la Nación está indagando si el Inpec cumplió con las especificaciones técnicas que requieren los equipamientos del penal, entre ellos el material de las colchonetas y el estado de los elementos de emergencias.

El delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría, Javier Augusto Sarmiento, explicó ante Noticias Uno que están verificando si contaban con extintores, como aspersores de agua y todo el sistema de emergencias”. Además, recordó que la estructura en Tuluá data de 1972, “es bastante antigua y al parecer no contaba con todos los elementos como lo indica la normatividad”, agregó.

Sarmiento expuso que existen unos manuales específicos en el Inpec y la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que indican el tipo de mobiliario con el que debe contar la cárcel. Asimismo, aseguró que la entidad puso la lupa sobre los colchones: “deben contar con unas especificaciones técnicas muy precisas. Eso existe una ficha en la unidad de servicios para inventario y aquí no se pudo recopilar nada”.

Si bien el incendio fue provocado por el intento de motín, el posible incumplimiento de la normatividad de los equipamientos habría catalizado la tragedia.

SEGUIR LEYENDO: