¿Limpieza por kilómetros o por usuario?, el nuevo lío del aseo en Bogotá

La Resolución 720 del 2015, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, que entró en vigencia el 10 de julio de ese año, establece el régimen tarifario de los servicios de aseo. Allí, estipula el mecanismo para calcular el valor entre otras disposiciones que legislan el aseo en las ciudades, para este caso Bogotá, lo que tiene en un enfrentamiento a los operadores de la limpieza de la capital con el Distrito. Son cinco empresas privadas las que se encargan de este proceso y que consideran que se les está remunerando menos de lo que deberían ganar.

Esta pelea ya está generando alzas en las tarifas del aseo de Bogotá, como lo han denunciado varios ciudadanos, pero el lío multimillonario al parecer viene desde la pasada administración de la alcaldía. Tan apetecido es el contrato de la limpieza que varios de los mejores abogados de país están representando a los involucrados, desde exmagistrados como Juan Carlos Henao, hasta el exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.

En 2018 la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Enrique Peñalosa, abrió un proceso licitatorio para determinar que empresas se encargarían de los servicios de aseo en Bogotá. Como resultado, cinco operadores privados quedaron seleccionados hasta el 2026 para realizar la labor: Área Limpia, Bogotá Limpia, Ciudad Limpia, Lime y Promoambiental.

Para su operación, se decidió dividir en cinco partes la ciudad, así cada empresa respondería por una área: Área Limpia se encargaría de la localidad de Suba, de las más grandes de la capital; a Bogotá Limpia le tocó Engativá y Barrios Unidos; Ciudad Limpia operaría en Fontibón y Kennedy; Lime tendría a su cargo las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires y Rafael Uribe Uribe; y Promoambiental le prestaría el servicio en Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz y Usme.

Estas empresas le responden al Procesador de información del servicio de aseo, Proceraseo, que además es la que gestiona los recursos de la ciudad para esta labor, es decir, el dinero de las facturas termina en dicha entidad. Pues bien, Promoambiental se quejó, porque en el contrato firmado con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se estaba cobrando de forma indebida a los usuarios la prestación del servicio.

En el artículo 4 de la Resolución 720 definen cómo se deben establecer los promedios para calcular las tarifas de aseo; en resumen, se debe calcular por la cantidad de usuarios en determinada zona y no por los kilómetros que se intervienen.

Es en este punto donde empiezan las presuntas irregularidades. Al parecer, Proceraseo y Promoambiental tienen un vínculo más allá del contractual, por lo que su inconformismo se transformó en solicitud, que terminó en un fallo de un tribunal, modificando la forma cómo se cobraba.

En los recibos del aseo que pagan los ciudadanos, se incrementaron 2.000 o 3.000 pesos, que, si se multiplica por los usuarios por zona, evidencia que las ganancias crecen exponencialmente.

Al parecer, la única que salió ganando fue Promoambiental. El tribunal declaró que al operador se debe pagar por lo que hace, no por el número de usuarios, por lo que la compañía realizó una lista de las limpiezas que, según ella, no se les pagó. Así, pues, a las empresas que en teoría sí se les remuneró la totalidad, les tocó pagarle a Promoambiental por lo que supuestamente no se le había reconocido.

La decisión fue impugnada ante la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, que sigue estudiando el caso. Independiente de la decisión, la plata terminará saliendo del bolsillo de los bogotanos, finalmente son ellos los que pagan las tarifas del aseo.

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