Gobierno nacional demandó a bancos por el caso de Centros Poblados

Uno de los escándalos de corrupción más grande que ha sufrido Colombia recientemente fue el caso del contrato de Centros Poblados por el que se entregó un adelanto de 70.000 millones de pesos . El objeto del mismo buscaba llevar internet a las zonas más damnificadas del país.

Los detalles de los recursos y las fallas en el contrato despertaron críticas por el manejo de la licitación por parte de MinTIC, liderado en ese entonces por la ministra, Karen Abudinen, quien renunció el pasado 9 de septiembre.

De acuerdo con información de W Radio, el Gobierno nacional interpuso dos demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra todos los involucrados en este escándalo de corrupción, incluyendo los bancos Itaú y BBVA.

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Según señaló el medio de comunicación, el Ministerio TIC aseguró en su demanda que Itaú sí es responsable de lo que pasó, “porque al ser una entidad financiera tan grande debe tener sistemas de seguridad que garanticen la custodia de sus activos, como, por ejemplo, las plantillas de sus pólizas, sus logos, las firmas de sus funcionarios y hasta de los dominios de sus correos electrónicos”.

Paola Herrera, la periodista que destapó este caso de corrupción a finales del año pasado, compartió hoy 8 de julio que, “aparecen nuevos nombres que no estaban involucrados en el escándalo”.

Ellas serían las sociedades Nuovo Security LLC (firma que tiene domicilio en Delaware en EE. UU.) y también la sociedad barranquillera Inselsa, “ambas fueron las que recibieron el millonario anticipo, por ser los supuestos proveedores de Centros Poblados”, indicó la periodista.

El otro banco demandado por MinTic es el BBVA. De acuerdo con la información publicada en el medio de comunicación, esta entidad bancaria “era la encargada de revisar y aprobar el anticipo de los $70.000 millones”. En este caso, según W Radio, el ministerio consideró que hubo omisión en el cumplimiento de los deberes establecidos en las normas y estándares en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En la demanda conocida por W, también aparecen señalados: Emilio Tapia, Ottomar Lascarro Torres, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque Torres, Jorge Enrique Torres Benavides y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, todos involucrados en el proceso penal que se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación por peculado, falsedad en documento público y fraude procesal.

La primera demanda fue interpuesta el pasado 30 de junio y la segunda, el jueves 7 de julio de 2022. Todas estas empresas y personas naturales deberán responder por el monto tasado en esta demanda, que asciende a $345.839 millones, incluyendo el reembolso de los $70.000 millones perdidos.

Finalmente, W Radio conoció que estas demandas serán discutidas en los trabajos de empalme de los equipos de Iván Duque y Gustavo Petro. La idea del próximo gobierno sería darle continuidad al proceso para poder recuperar los recursos que se perdieron por este escándalo.

Hay que anotar que el pasado 23 de junio, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres, así como al representante de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde, implicados en este caso. Todos ellos irán a juicio por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.

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