En zona rural de Suba, norte de Bogotá, el sueño de cerca de 1.500 familias de tener una vivienda propia (que data de diez años atrás) se ha convertido en una pesadilla para estas personas, pues los servicios públicos no llegan al lugar.
En la comunidad de Los Arrayanes, estrato 6, hay siete conjuntos residenciales y aunque por ley es obligación de los constructores garantizar los servicios públicos domiciliarios y el acceso por medio de vía pública, sucede todo lo contrario. Como dicen los propietarios, hay “negligencia y falta de control de las autoridades distritales”.
Por ejemplo, a la altura de la autopista Norte queda el único acceso a todos los conjuntos residenciales, la calle 209, lo que ha generado un problema para los 6.000 residentes de la zona, pues la vía es privada.
En 2019, los habitantes tuvieron que reunir $600 millones para pavimentar una calle deteriorada ante la negación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de ayudar con la intervención. Sin embargo, hoy en día se encuentra en pésimo estado.
“Nos vimos nuevamente en la obligación de buscar una solución. En una primera fase, recogimos 40 millones de pesos, pero no nos alcanzaron, y ahora para tapar el total de 234 huecos que aún permanecen en la vía necesitamos 75 millones de pesos adicionales. Las entidades se niegan a intervenir, pero ya es justo que lo hagan. Nosotros no podemos estar sacando recursos de forma permanente”, relató una residente del sector, Marcela Reyes.
“Nos dicen que la vía es privada, pero no tenemos idea de a quién le pertenece. No entendemos cómo las curadurías, que están sujetas a la Secretaría de Planeación, otorgan unas licencias de construcción y no exigen el cumplimiento de los requisitos mínimos”, expresó María Clara Colón, habitante de la zona. Y agregó: “No existimos para el Distrito. De hecho, tenemos información de que no somos un barrio legal, no hacemos parte del POT de Bogotá y, por lo tanto, nuestras vías no tienen acceso a mantenimiento. Tampoco tenemos derecho al servicio de alcantarillado y agua potable, somos invisibles para el Estado”.
De la misma manera, la comunidad se ve en la obligación de pagar agua en bloque, pero en varias ocasiones llega amarilla y de mala calidad ante la falta del servicio de acueducto y alcantarillado.
Debido a la denuncia, Cristina Arango, explicó que son los constructores los que deben garantizar las conexiones necesarias para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Y agregó que la entidad no es prestadora del servicio en el lugar, pues es una zona rural y pertenece a Cojardín.
Para finalizar, a falta de una red de alcantarillado de aguas residuales, los habitantes del sector construyeron una planta de tratamiento, pero sin las exigencias mínimas de la ley.
La norma exige que las PTAR deben estar como mínimo a 75 metros de distancia de cualquier casa. Sin embargo, en el conjunto se encuentra a tan solo siete metros de distancia de las viviendas, por esta razón ha generado una alta contaminación ambiental: los olores que emana la planta son insoportables y esto ha ocasionado múltiples enfermedades entre la comunidad.
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