El ministro de Justicia y Derecho de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró desde Cartagena que el gobierno saliente dejó listo un documento Conpes para mitigar la situación de hacinamiento carcelario en el país, que en el momento alcanza un promedio de 16,3 %. Específicamente, el documento permitiría la habilitación de más cupos para presos entre 2023 y 2026.
El jefe de esta cartera estaba en la Heroica como panelista del quinto Congreso de la Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada, donde hicieron presencia empresarios de las empresas de vigilancia del país y otros invitados internacionales, cuando hizo el anuncio.
Según el ministro, el Conpes permitirá la construcción y habilitación de 9.805 nuevos cupos carcelarios en todo el país, proyecto que empezaría a ejecutarse a partir del año entrante. Para ello se dispondrá de un presupuesto de 851.522 millones de pesos.
“Muy importante lo del Conpes porque se garantiza que se van a terminar los tres centros de reclusión: Sabanas de San Ángel, el Pílamo de Riohacha, y también los otros que se van a empezar a construir a través de las licitaciones que haga la Uspec en ese momento”, aseguró Ruiz.
De manera específica, los nuevos cupos se abrirían para privados de la libertad en los municipios de Silvia (Cauca), Mocoa (Putumayo), San Andrés, Barrancabermeja (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y San Martín (Meta).
No obstante, el ministro hizo una crítica abierta a la cultura de populismo punitivo del país: advirtió que no hay infraestructura carcelaria para todas las personas que la opinión pública quiere ver tras las rejas; mucho menos para los que él considera que son delitos muy menores —que se abstuvo de mencionar “porque alguna vez casi me meto en un problema”.
“Yo considero que le sale mas barato al Estado tenerlos afuera que allá adentro. Este es un país, infortunadamente, que todo el mundo reclama cárcel para todas las personas que hayan cometido hasta un delito. Y el problema (es que) no hay una infraestructura carcelaria para albergar tanta y tanta gente”, aclaró Ruiz.
Sobre los centros de detención transitoria —aquellos que están a cargo de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de la Fiscalía General de la Nación—, Ruiz recordó a las autoridades locales que en esos sitios es legal contratar vigilantes de seguridad privada para administrarlos.
“En ningún momento se está relegando o desplazando la función que tiene el Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario (Inpec), porque a estos les corresponden los centros de reclusión del orden nacional, esto solamente son los de nivel distrital, municipal y regional”, puntualizó.
Asonal Judicial se iría a paro esta semana
Esta semana podría definirse si los trabajadores del sector judicial van a paro. Desde la Asociación Nacional de Trabajadores Del Sistema Judicial Colombiano y Afines (Asonal Judicial) se conoció que el cese se daría para que el Gobierno Nacional los escuche y lograr independencia judicial, acceso a la justicia y dignidad de la justicia.
Además, desde el gremio se explicó que el tema se llevó a discusión de junta nacional y dijeron que los problemas de los trabajadores de la justicia son graves, pero era mejor esperar a que pasaran las elecciones para no ser factor de traumatismo en eso, ya que jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos y delegados del Consejo Nacional Electoral, designados por el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Consejo Nacional Electoral fueron encargados de atender el escrutinio en una determinada circunscripción electoral.
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